La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha señalado que el Gobierno "no permitirá nunca" que la obligación de cotizar a la Seguridad Social por el trabajo no remunerado de los becarios en las empresas impuesta por el Ministerio de Trabajo vaya en "detrimento del sistema educativo, de la prestación del servicio, de su calidad y de la máxima amplitud de posibilidades para prestarlo". Pero ni las universidades quieren asumir el coste, ni las empresas tampoco.
De esta forma, el Gobierno da marcha atrás en la medida impulsada por el departamento liderado por la ministra Magdalena Valerio. Esta contempla que los becarios dejasen de asociarse a coste cero a través de la aplicación del Real Decreto-ley 28/2018 para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, las quejas en la comunidad educativa y el resto de grupos parlamentarios han sido constantes.
Tanto que la titular de Educación y Formación Profesional se ha visto obligada este martes a reconocer que desconoce quién debe asumir el coste de las cuotas de la Seguridad Social de los alumnos en prácticas y a cuanto asciende la cuantía. "No podemos cuantificar el importe. La medida pretende la extensión de un derecho para reforzar la protección social de los estudiantes, pero no puede ser una traba para el sistema educativo", ha dicho.
El Gobierno da marcha atrás
Según Celaá, si así fuera, "el Gobierno no permitirá nunca que esta o cualquier otra medida pueda ir en detrimento del sistema educativo, de la prestación del servicio, de su calidad y de la máxima amplitud de posibilidades para prestarlo". Además, la dirigente socialista ha recordado que el suyo es un proyecto de ley que se está tramitando en el Parlamento, por lo que en su tramitación parlamentaria, los grupos podrán fijar su posición.
La norma impulsada por Trabajo prevé la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social, como asimilados a trabajadores por cuenta ajena, de las personas que realicen prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades incluidas en programas de formación, la realización de prácticas no laborales en empresas y la realización de prácticas académicas externas aunque no tengan carácter remunerado.
Estas prácticas comprenden las realizadas tanto por alumnos universitarios de titulaciones oficiales de grado y máster como por alumnos de Formación Profesional de Grado Medio o Superior y ni las universidades ni las empresas quieren asumir los costes.
Réplicas en el Congreso
Desde Ciudadanos han acusado al Gobierno de "falta de comunicación" entre los ministerios y de tratar de "maquillar datos y cifras" de Empleo a costa de perjudicar al sistema educativo. "Si se obliga a los empresarios a pagar, va a haber menos oferta y si se obliga a los centros a hacerlo, les puede llevar a la ruina", ha criticado la diputada de Ciudadanos Marta Martín.
Desde el PNV han advertido que no es solo un tema económico, sino que supone una serie de trámites y que se desconoce quién los va a asumir. "Esto le ha tocado a usted de rebote, quien ha creado esto no tiene ni idea de cómo funciona la Formación Profesional ni esta medida tiene un interés educativo", ha dicho el diputado Joseba Andoni Agirretxea. Y ha instado a corregirlo "antes de que tenga consecuencias negativas".
"Sin necesidad de ser más explicita, de ninguna de las maneras, permitiremos ninguna política que dañe a la FP. Buscaremos la salida [...] Esta ministra no va a poner en peligro a la FP", ha zanjado Celaá.
