Publicado: 13/08/2024 16:20
Actualizado: 13/08/2024 16:21
Félix Bolaños se une a los ataques de parte del Ejecutivo contra el juez Llarena por no aplicar la amnistía al delito de malversación en el 'procés'. El dictamen del Tribunal Supremo complica el horizonte legal de Carles Puigdemont, fugado de la Justicia española por segunda vez, y, por el momento, deja sin efecto la ley pactada con los socialistas. Las declaraciones del Ministro de Presidencia y Justicia se suman a las difundidas este lunes por Óscar Puente, con las que el responsable de Transportes acusó al alto tribunal de "extralimitarse" en sus funciones.
La asociación Foro Judicial Independiente y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria condenan las declaraciones de ambos ministros al entender que este tipo de ataques atentan contra el Estado de Derecho y ayudan a "socavar" la independencia de las instituciones. Un escenario que se viene repitiendo, principalmente en los últimos meses, por parte de diferentes miembros del Gobierno de Sánchez y que ha dado lugar a la proliferación de críticas contra el Poder Judicial y la supuesta imparcialidad de los jueces.
Los últimos en sumarse a la lista de socialistas críticos han sido Félix Bolaños y Óscar Puente. El responsable de la cartera de Justicia ha sido algo menos aventurado en sus afirmaciones a la hora de valorar el último movimiento del magistrado del Supremo, no obstante, ha dejado muy claro que el Gobierno no está de acuerdo con la interpretación respecto al delito de malversación de caudales públicos y su cabida en la ley de amnistía. El instructor argumentó que los comportamientos atribuidos en la causa del 'procés' se enmarcan en las dos excepciones que prevé la ley diseñada a la medida de los independentistas para los delitos de malversación, de manera que no son amnistiables.
"La posición del Gobierno con esa resolución del Tribunal Supremo inaplicando la Ley de Amnistía es una posición conocida. Ya en su día mostramos nuestra discrepancia con los argumentos jurídicos, también con las valoraciones políticas que hacía esa resolución del Tribunal Supremo", ha señalado Bolaños. Puente ha ido más allá en sus declaraciones durante una entrevista en RNE y ha acusado al TS de "extralimitarse" a la hora de interpretarla la ley de amnistía "diciendo que ha habido malversación porque los independentistas se ahorraron de su peculio el dinero que les hubiera costado la campaña de la independencia o el referéndum ilegal".
"La función de aplicar la ley corresponde a los tribunales"
Sobre las afirmaciones del representante público, Fernando Portillo defiende que "la aplicación de las leyes no les corresponde al Ejecutivo, sino a los tribunales", prueba irrefutable de la separación de poderes y de la buena salud de un Estado de Derecho. El portavoz de Foro Judicial Independiente lamenta que los miembros del Ejecutivo olviden que "la amnistía es una ley no es un acto político".
"Aunque tenga consecuencias políticas, es una ley y la función de interpretar y aplicar la leyes corresponden únicamente a los juzgados y tribunales si queremos seguir llamándonos estado democrático de derecho. Gracias a la separación de Poderes la aplicación de las leyes no les corresponde al Ejecutivo, sino a los tribunales y, en última instancia al Tribunal Supremo", sentencia.
Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, arremete contra la estrategia seguida por algunos representantes del Gobierno de Sánchez contra los jueces. "Agradeceríamos que se abstuviesen de generar la duda sobre la imparcialidad y la independencia, en este caso, de los jueces que han aplicado la ley de una forma que no les conviene a los partidos independentistas", comenta.
Ambas asociaciones consideran que desde el Gobierno deben respetarse las decisiones judiciales y que la vía óptima para mostrar su posicionamiento es recurriendo a los tribunales. "En vez de recurrir una decisión judicial, lo que hacen es dictarla de prevaricadora. Creo que no tiene un recorrido positivo cualquier valoración de prevaricación conforme está hecha la ley", explica Oliva.
El portavoz AJFV explica a este medio que el texto de amnistía, tal y como está redactado, deja espacio a que "existan varias interpretaciones de la norma". "Nosotros ya avisamos que el texto no cumplía con el principio de trazabilidad penal y que podía provocar que existiesen varias interpretaciones, todas ellas potencialmente válidas".
El texto de la amnistía da pie "a varias interpretaciones"
Del mismo modo, Oliva considera que las declaraciones de Puente intentando anticipar un futuro dictamen del pleno del Tribunal Constitucional va en contra de los propios magistrados que forman el órgano. "Con las declaraciones del ministro Puente no se respetan las instituciones, ni al propio Constitucional. Al anticiparse a un pronunciamiento, perjudica a los propios magistrados. Genera la duda de que el TC sigue el mandato del Gobierno", matiza.
Por su parte, desde la asociación de Juezas y Jueces por la Democracia (JJpD) entienden que las resoluciones judiciales son susceptible de crítica, "mientras no se descalifique al tribunal que las dicta". De igual manera, recuerdan que la intención del Gobierno de recurrir el dictamen del Tribunal Supremo al entender que "el propio tribunal está dividido sobre la argumentación de lo que debe interpretarse por malversación" y que otros tribunales ya han amnistiado este tipo de delitos.
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El régimen ha abolido cualquier restricción que afecte a su poder arbitrario. El magistrado Llarena merede todo género de insultos y descalificaciones, la más suave, la de tejero con bigote. Un juez de instrucción por su maldad merece dos querellas por prevaricación (ilusoria). El poder judicial, una molestia prescindible. ¡¡¡ el Consejo del poder judicial no es poder judicial sino gobierno del poder judicial....¡¡¡¡¡
A ver, Robespierre, los políticos hacen las leyes, pero han de hacerlas cumpliendo la Constitución, votada y refrendada favorablemente por el pueblo de forma muy mayoritaria.
Todas las leyes que los políticos hacen han de cumplir la Constitución, por ejemplo el artículo 9 de la Constitución, que prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos, el artículo 14 de la Constitución, que prohíbe la impunidad selectiva, el artículo 138 de la Constitución, que prohíbe privilegios económicos o sociales entre comunidades autónomas, el artículo 139 de la Constitución, que establece que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.
Si los políticos no cumplen la Constitución, los jueces están obligados a impedirlo, están obligados a hacerles cumplir la Constitución. Los jueces no pueden callarse, como Ud. pretende, y dejar que los políticos hagan lo que más convenga a sus intereses personales y partidistas.
Precisamente porque ha de haber separación de poderes, los jueces han de intervenir cada vez que otro poder del Estado, sea el ejecutivo o el legislativo, incumple la Constitución.
Lo que Ud. pretende, que los jueces se callen, es lo que sucede en las dictaduras. Los jueces se callan y otorgan la razón siempre al tirano, que es lo que Pedro Sánchez precisamente pretende, convertirse en tirano absolutista y que los jueces se callen y otorguen.
Aplicar las leyes corresponde a los tribunales y hacer las leyes corresponde a los políticos. Que se callen ya un poquito los jueces y respeten el estado de derecho y la división de poderes.
¿Lo sabe Cándido?
¡Condenas...! Mientras no haya multas e inhabilitaciones, seguirán en lo suyo que es lograr el totalitarismo como sea.
acoso a la justicia con fines delictivos delito penal
Pero que ignorantes. Del Presidente del Gobierno emanan todos los poderes, incluido la potestad de evaluar la constitucionalidad de las leyes. Ahora todo es uno e indivisible, soberanía sanchinflas. Pronto terminarán los de la separación de poderes como los de Venezuela, así que cuidadín cuidadín...
Lo preocupante es que hay asociaciones de jueces que callan.
Ellos serán "la justicia" cuando nuestro Maduro vaya dando más pasos en la madurización de la política española.
Esto de que se genera duda de que el Tribunal Constitucional sigue el mandato del gobierno es falso.
No existe duda alguna. El sectario y obediente peón Conde Pumpido, junto con los exministros y demás militantes socialistas colocados por Pedro Sánchez en el Tribunal Constitucional seguirán sin duda alguna el mandato que les llegue del gobierno, como corresponde en un régimen autocrático como el que Pedro Sánchez está construyendo.
Que los denuncien por acoso o por lo que sea.