María Jesús Arnau Sala es la magistrada al frente del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 5 de Barcelona y por sus manos pasarán en los próximos meses las peticiones para conceder el tercer grado a los condenados por el Tribunal Supremo en el juicio del procés.
Sin sentencias polémicas y ajena a la vida social, su nombre y el de su marido, Ramón Serra Masip, aparecen sin embargo en un informe que elaboró hace años la agencia de detectives Método 3, según supo Vozpópuli de fuentes solventes.
En septiembre de 2013, la publicación El Triangle desveló una lista con 169 personajes que supuestamente habían sido escudriñados por empresa catalana de detectives. Dicho medio dijo haber tenido acceso a los nombres unas semanas después de que Método 3 sufriese una serie de registros policiales y detenciones, aunque luego se retractó y retiró la noticia de su web.
Entre las personas mencionadas había políticos de todos los colores, así como empresarios y famosos asiduos de la prensa rosa. Entre las caras conocidas aparecían nombres como Ignacio González (PP), Joaquín Almunia (PSOE), Joana Ortega (CiU), Felip Puig (CDC), José Montilla (PSC), Josep Lluis Carod-Rovira (ERC) o Joan Puig (ERC). También se hablaba de empresarios como Gerardo Díaz Ferrán o Jaume Ferrer Graupera, tesorero del Barça en la etapa de Joan Laporta, o de la famosa comida en un restaurante entre Victoria Álvarez -expareja de Jordi Pujol hijo- y la dirigente popular Alicia Sánchez-Camacho.
El número 138 de esta lista aludía a esta magistrada y el epígrafe decía así: "Informe sobre la posibilidad de acercamiento sobre la jueza n. 3, María Jesús Arnau". En aquel momento, ella estaba al frente del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Barcelona.
Las citadas fuentes, que han tenido acceso a dicho informe, subrayan que en ningún momento se investigó a la jueza Arnau ni a su marido, sino que ambos nombres fueron incluidos en un informe de carácter empresarial para un cliente de Método 3.
Serra Masip (Barcelona, 1951) es en la actualidad uno de los miembros del Consejo Asesor de Infraestructuras de Cataluña, una entidad constituida en 2017 y que aglutina a varias asociaciones empresariales, entre ellas Fomento del Trabajo que preside Josep Sánchez Llibre. En paralelo dirige Urbicsa, la sociedad encargada del mantenimiento y explotación de la Ciutat de la Justícia de Barcelona y de l’Hospitalet de Llobregat.
Su nombre saltó a los medios hace casi 15 años cuando tuvo que dimitir de la presidencia de la empresa pública catalana GISA (Gestión de Infraestructuras, SA) por el socavón que se produjo en el Carmel durante unas obras del Metro de Barcelona. Había sido nombrado diez meses antes por el entonces consejero de Política Territorial, el socialista Joaquim Nadal, cuando se puso en marcha el tripartito de Pasqual Maragall.
Antes de ello había desempeñado varios cargos en otras empresas públicas en los gobiernos de CiU como Infraestructuras 2004, que impulsó las obras del Fórum. Arquitecto y urbanista, en aquella polémica del Carmel siempre defendió que su labor era eminentemente técnica pese a su condición de alto cargo de la Generalitat. Vozpópuli se puso en contacto con él para este reportaje, pero declinó hacer comentarios.
La trayectoria de la jueza Arnau
Por su parte, Arnau Sala se encuentra desde noviembre de 2012 al frente del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 5 de Barcelona. En los últimos 25 años ha ido escalando posiciones dentro de la judicatura catalana sin hacer ruido y ajena a actos públicos o sociales, de ahí que no haya ninguna fotografía de ella en Internet.
Su andadura como magistrada empezó en el juzgado de primera instancia de Gavá (Barcelona), de donde pasó a desempeñar el mismo cargo en el número 3 de Vic a principios de 1996. Apenas un año y medio después fue transferida a un juzgado de Reus y en junio de 1999 encontró un nuevo destino en el citado juzgado de primera instancia de Barcelona. Fue en este sitio, en el que pasó más de 13 años, donde atrajo la atención de Método 3.
Arnau tendrá que evaluar en los próximos meses, con toda seguridad, las peticiones de las Juntas de Tratamiento a la hora de aplicar un tercer grado a los condenados. Incluso, a su mesa podrían llegar peticiones de indulto de las propias cárceles catalanas, pues el artículo 206 del Reglamento Penitenciario contempla la posibilidad de que las Juntas de Tratamiento eleven al juez de Vigilancia Penitenciaria una propuesta de indulto.
Los caminos para el indulto
La petición de indulto se puede realizar de manera directa por el propio preso o por un tercero, que puede ser una entidad o alguien de su entorno más cercano. La diferencia en este caso es que al Consejo de Ministros ya llegaría una propuesta firme avalada por una institución judicial en virtud de informes del propio centro penitenciario.
Una vez que la Junta de Tratamiento eleva un indulto al juez de vigilancia, lo habitual es que pida más información sobre el preso y las razones de esa petición. Paralelamente, la magistrada Arnau tendría que dar traslado a la Fiscalía para que se pronuncie. Tanto el fiscal como el juez de vigilancia con competencias en este aspecto son los que tienen asignada la cárcel por cercanía geográfica.
Expertos jurídicos consultados por Vozpópuli a este respecto indican, en todo caso, que es un recurso muy poco habitual. En caso de que la jueza de vigilancia considere que hay razones para ese indulto, lo remitiría al Consejo de Ministros. El criterio de Fiscalía no es vinculante y entonces la jueza podría enviar la propuesta de indulto incluso en contra del criterio del Ministerio Público.
