Una palabra se repitió de forma recurrente en la primera sesión del juicio contra los líderes del proceso secesionista: Europa. Y más concretamente Estrasburgo y su tribunal comunitario de Derechos Humanos a cuya jurisprudencia recurrían una y otra vez los abogados de los acusados. Esta estrategia tiene que ver con que los dirigentes independentistas asumen como una posibilidad más que real que la ‘partida’ se acabará jugando en el ámbito internacional tras una previsible condena en los tribunales españoles, según reconocen fuentes del entorno de los políticos encausados a Vozpópuli.
Los diferentes abogados que tomaron la palabra durante la primera sesión reservada a las cuestiones previas desplegaron, con un tono más o menos beligerante, una batería extensa de reproches y exigencias en aras de defender los derechos fundamentales de sus clientes. Solicitaron que pudiesen expresarse en catalán con traducción simultánea (con pinganillos) y no secuencial, pidieron una suspensión indefinida del juicio mientras no se aporten una serie de documentos, se denunciaron registros sin autorización o la estancia en prisión de la mayoría de dirigentes, lo que provoca su indefensión a su entender.
El abogado de Junqueras denunció la vulneración de la libertad de culto de su cliente porque no le dejaban ir a misa en prisión
La sesión se extendió durante siete horas con un breve receso por la mañana y una para comer, que los acusados en prisión preventiva pasaron en una sala habilitada para ello en el Supremo. Durante las intervenciones se censuró prácticamente a todos los estamentos que han participado en la persecución de los presuntos delitos cometidos. Se acusó a la Guardia Civil de haber actuado, no a las órdenes de los jueces, sino al servicio de los políticos que a su vez estaban enfrentados a los acusados.
La Guardia Civil, Prisiones, el tribunal...
También hubo críticas directas al responsable de la Policía Judicial del Instituto Armado en Cataluña, el teniente coronel Daniel Baena, quien finalmente no será testigo en el juicio por decisión del tribunal. Tampoco se salvó el sistema penitenciario, a quien el abogado del expresidente catalán Oriol Junqueras acusó de vulnerar el derecho a la libertad de culto de su cliente por no dejarle ir a misa en prisión.
Tacharon de “vodevil” el reparto en varios juzgados de investigaciones relacionadas con el proceso soberanista y la organización del 1-O, que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, donde hay documentos a los que dicen no haber tenido acceso. También cuestionaron al propio presidente del tribunal que les juzga, Manuel Marchena, sobre el que cuestionaron su imparcialidad.
Jordi Pina, el abogado del expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, le recordó al magistrado el WhatsApp difundido por el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que decía que con Marchena al frente del Tribunal Supremo iban a poder controlar la carrera judicial. “Hagan de jueces y no de salvadores de la patria”, les instó este letrado al tribunal compuesto por siete magistrados.
Respuesta de Fiscalía y el tribunal
Esta estrategia a largo plazo con las miras puestas en Estrasburgo no obvia que antes tendrían que presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, lo que prolongaría el proceso años, según reconocen a Vozpópuli fuentes cercanas a las defensas de los acusados. La sombra de Estrasburgo ha planeado desde el principio de este caso a juzgar por las numerosas alusiones a la jurisprudencia europea que tanto jueces como defensas han incluido en sus escritos.
El tribunal puede aplazar su respuesta a las cuestiones previas hasta la sentencia
La Fiscalía tendrá que contestar a todas estas peticiones este miércoles cuando se reanude de nuevo el juicio y el tribunal puede contestar en ese mismo momento, aplazar el juicio unos días para deliberar o reservarse su respuesta para la sentencia. Según las fuentes consultadas, este último supuesto se prevé habitualmente para los casos en los que luego se puede recurrir ante el Supremo, pero si el mismo tribunal ya cercena esa vía, supondría un motivo más para acudir a Estrasburgo.
Especialmente contundente se mostró Andreu Van den Eynde, el letrado de Junqueras, quien tomó la palabra en primer lugar y arrastró con ello buena parte de lo titulares de la jornada. El suyo fue más un alegato político que un informe sobre cuestiones previas. Algunos de los letrados comentaban después en los pasillos que la táctica empleada era más propia de un informe de conclusiones finales del juicio, algo que no sucederá hasta dentro de varios meses.
Deferencias entre abogados
Su tono, en contraste con el siguiente abogado en hablar, permitió advertir las primeras diferencias de criterio entre las defensas. Mientras Van den Eynde apeló a una solución política desechando el derecho penal del juicio, el compañero que le sucedió en el uso de la palabra, Javier Melero, pidió limitar el debate al derecho penal. Coincide que el primero representa a dos acusados de ERC y el segundo a dos de PDeCAT.
Antes de que empiecen a ser interrogados los acusados -previsiblemente este miércoles- también hubo ocasión de apreciar como otro abogado se desmarcaba del resto de compañeros en una sala abarrotada de familiares, curiosos y autoridades como el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra. Fue Pau Molins, abogado del exconseller Santiago Vila a quien desde sectores del independentismo se tacha de traidor por renunciar a su cargo horas antes de la declaración de independencia en octubre de 2017. Su letrado se ha detenido precisamente en esa decisión para poner en valor que su cliente se marchó al no estar de acuerdo con el resto.
