La Fiscalía del Tribunal Supremo se ha puesto manos a la obra para evitar que todas las órdenes de detención cursadas por el magistrado que investiga el 'procés', Pablo Llarena, decaigan.
Y para impedir que la decisión de Bélgica de rechazar la extradición de los exconsellers Meritxell Serret, Toni Comín y Lluís Puig se extienda a Alemania, Escocia y Suiza, países en los que residen ahora Carles Puigdemont y el resto de huidos, ha reclamado a Llarena que vuelva a expedir nuevas euroórdenes a Bruselas para los exconsellers.
De esta forma, el ministerio público trata de abrir un cortafuegos que impida la intención del abogado de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, de convencer a los magistrados del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein, de que el "error de forma" detectado por Bélgica también se ha producido en Alemania.
El error consiste en que Llarena, tras asumir el caso, no actualizó la orden de detención que dictó en la Audiencia Nacional la magistrada Carmen Lamela.
Recurso en Alemania
Precisamente, este jueves el abogado de Puigdemont, Wolfgang Schomburg, presentó un recurso ante la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein en el que pide revocar la orden de detención contra su defendido.
El letrado adjuntó al escrito una copia de la decisión de la justicia belga sobre otros implicados, según confirmó este jueves a la Agencia Efe una portavoz de la audiencia alemana.
El propio Llarena ha reaccionado a la decisión del tribunal belga, y se ha dirigido a la jefatura de la Fiscalía de Schleswig-Holstein, que debe decidir sobre Puigdemont, para alertar del "error de interpretación" de las autoridades belgas, ya que considera que el auto de procesamiento supera a la orden de detención española, por lo que Bruselas no tiene razón al aludir al defecto de forma para denegar la entrega de Comín, Serret y Puig.
"Al mismo error"
"Entendemos contrario al principio de confianza recíproca que se valore la naturaleza jurídica de resoluciones previstas en el ordenamiento jurídico español, discrepando de la que el Tribunal Supremo ha informado que tienen", se lamenta Llarena en el escrito dirigido a la fiscal jefe Schleswig-Holstein, que con esta comunicación trata de "evitar alegatos de parte que puedan conducir al mismo error". Una referencia, sin aludir a él, al letrado alemán de Puigdemont.
Llarena destaca en la carta, que el auto de procesamiento que sustenta la Orden Europea de Detención (OED) que ha cursado recogía los hechos y responsabilidades atribuidos a Puigdemont, una vez terminada la fase de investigación, y se acordaba la medida cautelar de prisión que había sido adoptada al inicio de la misma.
A partir de ese momento, en España, añade Llarena en el escrito, “dicha resolución es la ejecutiva respecto de la prisión provisional de Carles Puigdemont”. En virtud de esa resolución, Puigdemont sería inmediatamente detenido e ingresado en prisión si fuera encontrado en España o se procediera a su entrega, completa el magistrado.
