La Justicia ha dado la razón a la Generalitat de Cataluña y permitirá que el Govern de Quim Torra documente a una menor rumana en contra del criterio de los Estados español y rumano, quienes rechazan identificar a la niña. La tutela la ejerce la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia catalana.
Los magistrados que componen la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) suspenden de forma cautelar, y hasta que no haya una decisión judicial firme al respecto, la decisión de la Subdelegación del Gobierno de Tarragona de rechazar que se documente a una niña rumana. Y por ello, ordenan al Gobierno español que le otorgue "la correspondiente cédula de inscripción a la menor".
Los jueces Manuel Táboas Bentanachs, Francisco López Vázquez y Eduardo Rodríguez Laplaza adoptan esta decisión al considerar que es "absolutamente necesario" dotar de identidad a una persona que se encuentra bajo la tutela del Estado: "Al ser inherente a la propia personalidad y la misma dignidad", según consta en una sentencia de 29 de enero de 2019 a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
Interés de la menor
"Si atendemos a lo excepcional del supuesto y a la minoría de edad de la persona a dotar de documentación identificativa, [...] parece indeclinable un juicio de ponderación en que haya de atenderse muy prioritariamente al interés de la menor", concluye el magistrado que redacta la sentencia, Francisco López Vázquez, quien destaca la paradoja de que el Estado español haya rechazado otorgar "la titulación acreditativa de su identidad a una menor cuya tutela ha asumido otra institución, en este caso autonómica, del propio Estado".
En el fondo de la controversia, explica el fallo, late la intención de la administración autonómica, que ha apreciado el desamparo de la menor, de dotarla de documentación acreditativa de su identidad pese a la negativa de las autoridades rumanas.
Más de 200 menores de origen rumano que están a cargo del Estado español —en centros o con familias de acogida— carecen de documentación, según adelantó El País que cita fuentes del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Reunión en Bucarest
Precisamente por eso, a principios de marzo representantes de la Dirección General de Servicios para las Familias y la Infancia del Ministerio de Sanidad se reunieron con autoridades rumanas en Bucarest para tratar de encontrar una solución.
Mientras tanto, los menores rumanos no pueden viajar, al mismo tiempo que estos niños tampoco pueden federarse en equipos deportivos ni recibir algunas prestaciones.
Precisamente, en este punto, que los magistrado denominan "vertiente práctica", la sentencia pone de manifiesto que la identificación de la menor "es imprescindible en orden al desenvolvimiento cotidiano y al ejercicio de los derechos más elementales de la persona, incluidos los de su relación con el poder público".
