Un nuevo informe emitido por el letrado del Senado adscrito a la comisión conjunta de Constitucionalidad y Justicia advierte de la existencia de "sólidas razones que permitirían sostener la falta de fundamento constitucional de una ley de amnistía". El documento de 60 páginas ha servido de apoyo para que la mayoría absoluta del PP haya incluido el veto a la norma en el dictamen de la ponencia de dicha comisión que ha tenido lugar esta misma tarde. Tras la reunión de este lunes, el veto del PP a la amnistía se votará en el próximo Pleno del Senado del 14 de mayo.

El informe jurídico sostiene, al igual que el documento elaborado por las letradas de la Comisión de Justicia del Congreso, que se necesitaría una reforma constitucional para que la norma tuviera cabida. Además, el letrado del Senado insiste en que la proposición de ley impulsada por los socialistas "adolecería" de distintas infracciones que "afectarían a principios y derechos fundamentales" tanto de la Constitución como de los tratados de la Unión Europea.

El experto señala un total de seis supuestas infracciones que irían en contra del derecho a la tutela judicial efectiva, derecho a la defensa o el principio de legalidad en materia penal, entre otros. Por ello, Eugenio de Santos advierte del "riesgo que entraña" para las Cortes Generales la aprobación de la proposición de ley de amnistía, "ya que podría determinar, por parte de los órganos jurisdiccionales que tuvieran que aplicar la amnistía, el planteamiento de una cuestión prejudicial, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o de una cuestión de inconstitucionalidad, ante el Tribunal Constitucional".

De igual modo, el letrado hace hincapié en su escrito en la "incompatibilidad" de una ley nacional con el Derecho de la Unión Europea sería una causa de "su inaplicabilidad" y, por tanto, de la falta de "unas condiciones exigidas para la admisibilidad de la cuestión de inconstitucional".

La amnistía puede ser "lesiva" para el principio de seguridad jurídica

Asimismo, el informe expone que la indeterminación del texto de amnistía tanto en el ámbito temporal como material, sin referencia concreta a tipos penales y sin constituir una lista cerrada, hacen que la norma pueda ser lesiva para principio constitucional de seguridad jurídica. "Dicho principio, que es una dimensión esencial del Estado de Derecho, el cual es un pilar fundamental del ordenamiento estatal (artículo 1.1 de la Constitución) y del ordenamiento de la Unión Europea (artículo 2 TUE), vincula a todos los poderes públicos, incluido el Legislativo y tiene dos dimensiones, estrechamente unidas entre sí", defiende el escrito.

Del mismo modo, hace alusión al principio de igualdad, materia denunciada desde diferentes asociaciones de jueces y expertos. Eugenio de Santos señala, por tanto, que "la amnistía resulta cuestionable desde el ángulo del principio de igualdad que exige un fin constitucionalmente válido para el trato normativo diferenciado".

Otro de los aspectos que más preocupan a los expertos, sobre todo por su contradicción con los tratados europeos, es lo referente a los delitos de malversación. El letrado defiende que la inclusión en la ley de amnistía del delito de malversación, con la excepcionalidad de que no se haya concurrido en un propósito de enriquecimiento, podría contradecir el objetivo proclamado por la exposición de motivos del texto de amnistía, el cual considera de "identificación abstracta".

Entiende que esta excepcionalidad se ajusta a una medida que traduce un "criterio interpretativo ajeno al marco conceptual y jurisprudencial" que vertebra la interpretación y aplicación de la ley. "Podría vulnerar el principio de legalidad en materia penal, en la vertiente de ejecución de dicha legalidad que ampara un ámbito de decisión propio de los jueces en la interpretación y aplicación de la ley, y de seguridad jurídica, en la vertiente de confianza de los destinatarios de la misma en el sistema jurídico derivado de aquél, lo que, además, podría resultar indiciario de albergar supuestos particulares", sentencia.

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