La polémica Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como 'ley mordaza', iniciará este jueves su desmantelación definitiva en el Congreso de los Diputados. La que ha sido una de las señas de identidad de la legislatura en la que el PP disfrutó del rodillo de la mayoría absoluta parece tener los días contados tan sólo dos años después de su entrada en vigor, en julio de 2015.
Aunque lo cierto es que el proceso para consensuar un nuevo texto normativo no resultará ni mucho menos sencillo. El pasado mes de marzo la Cámara Baja tomaba en consideración las proposiciones de Ley tanto del PSOE como del PNV que persiguen acabar con los puntos más polémicos del actual texto, recurrido ante el Tribunal Constitucional.
Los socialistas abogan por derogar totalmente la actual ley y tomar como punto de partida la denominada 'Ley Corcuera', aprobada en 1992 con Felipe González y en vigor hasta 2011. Sin embargo, los nacionalistas vascos se muestran favorables a acometer una derogación parcial de la actual norma para introducir hasta 44 modificaciones en su articulado.
Entre las medidas contempladas en el vigente texto del PP que los grupos parlamentarios pretenden revertir están las sanciones a los manifestantes o a quienes protesten delante del Congreso y del Senado aunque las Cámaras no estén reunidas. También quieren eliminar las multas por el uso de imágenes de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o acabar con los 'cacheos' que realizan los agentes en la vía pública. Pretenden además revisar las 'devoluciones en caliente' de inmigrantes.
Demora en el debate
El debate de la futura ley se ha ido retrasando durante meses desde la presentación de ambas proposiciones de Ley en el mes de marzo. A las reticencias del PP, se suma la presentación de un texto alternativo presentado por EH Bildu y que será votado este jueves. En caso de que este último no salga adelante, los textos de PSOE y PNV seguirán su trámite parlamentario y pasarán ya a la Comisión de Interior, presidida por el popular Rafael Merino.
Allí comenzará el verdadero debate que se prevé intenso y los trabajos para articular el texto definitivo. Una opción es que ambas proposiciones se fundan en una única ponencia, aunque existe la posibilidad de que se elaboren dos por separado antes de ser unificadas.
Desde Unidos Podemos se muestran más favorables a la senda marcada por los socialistas, aunque no dejan de lado la iniciativa del PNV, en aras del mayor consenso posible. La prioridad de la formación morada pasa por revisar las facultades que el actual texto otorga a los agentes, así como la finalidad y cuantía de las sanciones que se imponen.
El texto definitivo que salga de esa Comisión requerirá el apoyo de la mayoría del Hemiciclo, ya que se trata de la modificación de una ley orgánica. Y el PP podría tumbarla de nuevo en el Senado, donde sí goza de mayoría suficiente. La 'ley mordaza' fue la impulsada por el Ejecutivo de Rajoy a raíz de la ola de protestas callejeras que se desencadenaron al inicio de su mandato.
