"Para que luego digan que ocupamos las instituciones", ironizaba este viernes un alto cargo del Gobierno a propósito de la perplejidad que ha causado en La Moncloa y el PP la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de hacer pública su sentencia anulatoria de la amnistía fiscal a solo tres días de la moción de censura de Podemos en el Congreso.
Al margen de la difícil situación en la que el fallo deja al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el gabinete no se explican cómo un tribunal cuya composición es mayoritariamente conservadora y con un ponente de la sentencia que es "nada más y nada menos" que el exdiputado del PP Andrés Ollero, lanza semejante "torpedo" a Mariano Rajoy. "Es inconcebible que alguien ahí dentro no pueda prever que esa sentencia no es cualquier otra", señala una fuente popular a Vozpópuli.
Más allá de la reacción oficial de "respeto" a los tribunales, la procesión va por dentro. Muchos se preguntan por qué, después de emplear cinco años en resolver el recurso del Grupo Socialista, presentado en tiempos de Alfredo Pérez Rubalcaba (2012), el TC ha dado "semejante munición" al PSOE y a Podemos de cara al debate parlamentario del próximo martes.
Horas después de decir Rafael Hernando que Montoro "determinará el alcance" del ' roto' producido por el Tribunal Constitucional, el portavoz del Gobierno salió a mostrarle "todo" el apoyo
De momento, el fallo ha provocado hasta disonancias entre Moncloa y el PP. Ayer, horas después de que el portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, señalara durante un desayuno en 'Vanity Fair' que será Montoro quien "determine el alcance" de lo ocurrido -lo cual se interpretó como una invitación a dimitir-, el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, salió al paso desde la sala de prensa de La Moncloa: el ministro de Hacienda "cuenta con todo el apoyo del Gobierno". Y no solo eso: tras aprobar los Presupuestos 2017, Montoro se va a poner "inmediatamente" a negociar el objetivo de déficit para 2018 con los grupos parlamentarios; es decir... que no dimite.
El portavoz del gabinete reprodujo ante los periodistas las explicaciones que acababa de dar el titular de Hacienda a los miembros del Consejo de Ministros: el decreto -"ahora parcialmente anulado por defecto de forma"- se aprobó en marzo de 2012, en una situación económicamente dramática; después de que el Gobierno se encontrara con un déficit público de 93.000 millones en 2011, en lugar de los 60.000 millones que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero declaró en el traspaso de poderes.
Íñigo Méndez de Vigo recordó aquella reunión del Eurogrupo en la que su presidente, Jean-Claude Juncker, agarró por el cuello al ministro de Economía español, Luis de Guindos: "ese era el tono" en el que España era percibida por la UE en aquel entonces, añadió el portavoz. "Tuvimos que subir los impuestos para pagar las pensiones y las prestaciones, nadie fiaba a España, la prima de riesgo subió 50 puntos ese mes de marzo", relató Méndez de Vigo respecto a una "situación excepcional que requirió medidas excepcionales".
