El juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso Villarejo, Manuel García-Castellón, ha ordenado a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía que identifique a todos los técnicos del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe), organismo dependiente del Ministerio de Economía, que tengan acceso a los audios del excomisario, según una resolución judicial a la que ha tenido acceso Vozpópuli, con la que el instructor trata de evitar las filtraciones de las grabaciones interceptadas a los cabecillas del clan policial mafioso.
Así, García-Castellón quiere impedir, con esta decisión, que los audios puedan ser interceptados o incluso difundidos por personas ajenas a la investigación, algo que perjudicaría las pesquisas de la Policía y de la Fiscalía anticorrupción, que en su mayor parte permanecen bajo secreto de sumario. Y por eso, el instructor recuerda que se deberá autorizar para realizar las labores de descifrado de los archivos encriptados de Villarejo "al mínimo de técnicos que resulten indispensables".
"Los archivos deberán ser entregados al Incibe de modo que se garantice en todo momento la cadena de custodia, para lo cual deberán resultar fehacientemente identificadas las personas que se encarguen de su recepción, de su custodia y de su volcado y posterior devolución en el citado organismo", prosigue el documento conocido este viernes, pero que está datado el 22 de marzo.
"Protocolos policiales"
Además, el juez destaca que la entrega de los archivos deberá realizarse conforme a los "protocolos policiales generalmente admitidos para tal tipo de pericias". De esta forma, el instructor pretende mantener el protocolo judicialmente acordado para el análisis de las grabaciones: "Tanto para la realización del volcado o copia de aquellos efectos informáticos como para el posterior análisis y estudio policial de los contenidos archivos electrónicos".
El documento también da unas instrucciones concretas a los técnicos del Incibe de cómo deben comunicar la información tras descifrar los archivos de audio de Villarejo, que se han convertido en las principales pruebas de los actos presuntamente delictivos del clan de Villarejo: "Deberán ser comunicados al juzgado y puestos de forma inmediata a disposición de los investigadores al objeto de que procedan al análisis de los mismos".
Los resultados deberán ser comunicados al juzgado y puestos de forma inmediata a disposición de los investigadores al objeto de que procedan al análisis de los mismos, indica el juez
La labor de desencriptado, prosigue la resolución, deberá de realizarse "necesariamente antes del 10 de febrero de 2020", fecha prevista como plazo máximo para la instrucción de la causa.
Unidad de Ciberdelincuencia
Precisamente, en un escrito de 14 de marzo de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Comisaría General de Policía Judicial, dos agentes informan el juez del cumplimiento de las directrices establecidas por el juez García-Castellón. En concreto, le dan cuenta que habían iniciado el análisis de uno de los audios desencriptados por los funcionarios del Incibe.
"La información obtenida será entregada al grupo de investigación, al objeto de que sean miembros de éste los que lleven a cabo el análisis y estudio de los datos. Esta Unidad, una vez entregue la información al Grupo Tercero de la Unidad de Asuntos Internos, no se quedara copia alguna de la información entregada". advierten los agentes en el mencionado escrito.
Los encargados de desencriptar los archivos interceptados a Villarejo son funcionarios del Centro Criptológico Nacional, dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y del Incibe, que se encarga de reforzar la ciberseguridad.
