Pedro Sánchez juega esta legislatura una partida sin las cartas marcadas. El presidente del Gobierno recibió este martes un tortazo en el Congreso de Junts, que tumbó la ley de amnistía secuestrando la legislatura y dejándola en el aire por no aceptar el PSOE, de momento, un blindaje total a Carles Puigdemont. Pero también es cierto que el presidente del Gobierno intenta hacer fuerza de su debilidad.

El líder socialista decidió 'plantarse' para salvar la cara ante Bruselas, que está escrutando punto por punto la medida de gracia. Su superministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes -y autor intelectual de la ley-, Félix Bolaños, visita este miércoles al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, que mediará por primera vez entre el ejecutivo español y el PP para desatascar la renovación del Poder Judicial.

Bolaños podrá defender ante el belga que el Gobierno no ha cruzado ninguna peligrosa línea roja: amnistiar "todo el terrorismo" y los delitos de traición, contra la paz y la independencia del Estado, como exige Junts para poder salvar sí o sí al expresidente catalán Carles Puigdemont. Miembros del Gobierno, en privado, alertan de que ese paso hubiera supuesto no superar la prueba del Tribunal Constitucional (TC) y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Casi vuelta a la casilla de salida

La ley vuelve casi a la casilla de salida: se volverá a debatir en la Comisión de Justicia del Congreso, donde tanto el PSOE como Junts seguirán negociando, como máximo, un mes. En ese plazo, los neoconvergentes emplazan a los socialistas a encontrar la manera de tapar los "agujeros" en la ley por los que "la Justicia prevaricadora puede dejar la amnistía en papel mojado", en referencia a los movimientos de dos jueces -Manuel García Castellón, de la Audiencia Nacional, y Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona- que le están siguiendo la pista por terrorismo y traición.

Y es que el juez del caso Volhov considera que Carles Puigdemont y miembros de su entorno mantuvieron "estrechas relaciones personales" con políticos de extrema derecha alemana e italiana y con el Gobierno ruso de Vladímir Putin; un asunto que también preocupa y mosquea a partes iguales a los dirigentes comunitarios. Ese es otro de los motivos por los que el presidente Sánchez no podía presentar a su ministro Bolaños en Bruselas con la marca de haber decretado el perdón general para Puigdemont.

En ese mes por delante hasta que se concrete la tramitación en el Congreso de la amnistía, el PSOE martillará con su argumentario. Los socialistas se afanan en explicar que su sumisión a Puigdemont no es tal y que saben decirles que no. Pero Sánchez sabe que tendrá que aceptar las exigencias de Puigdemont si quiere una legislatura completa a los mandos del país, porque casi todos los proyectos de ley deberán contar con el visto bueno de Waterloo.

Más tiempo

Por eso, si algo ganaron este martes ambos partidos es tiempo para seguir negociando. Fuentes de la estricta confianza del presidente consideran, en conversación con este diario, que la ley amnistía, la clave de bóveda que sostiene la legislatura, terminará saliendo adelante. Aunque está claro que llegados a este punto de bloqueo, alguno de los dos tendrá que ceder. Pero ninguno parece dispuesto.

"La ley entró impecable y constitucional y así saldrá", zanjó Bolaños, que también destacó la "solidez" técnica de la norma. La respuesta de Carles Puigdemont no se hizo esperar. Fue el propio expresidente el responsable de dar la réplica al PSOE. "No nos vamos a mover del compromiso de incluir a todo el mundo", publicó en su cuenta de X.

Entre tanto, el tándem Moncloa-Ferraz prepara ya las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero. Esos comicios, los primeros desde que el presidente mostró su voluntad de amnistiar a los independentistas catalanes con tal de permanecer en el Ejecutivo, serán el primer test para calibrar el daño que la medida de gracia está provocando en las expectativas electorales del PSOE.

La retahíla del 'lawfare'

En la planta noble de la sede socialista no perciben con un desgaste preocupante. Pero la 'nacionalización' de la campaña que planteó el presidente se le puede volver en contra si el monotema es la amnistía. Y, en especial, si gira sobre los marcos que le imponga Junts. El PSOE se está viendo obligado a blandir de nuevo la espada del lawfare (judicialización de la política).

Pero visto que no les ha funcionado, vuelven a defender la labor de los jueces españoles. Moncloa intenta trasladar una obviedad a Waterloo: carece del poder para domesticar a la Justicia. Al final, esto va de Puigdemont y de si el PSOE está dispuesto a llegar hasta el final y blindarle sí o sí con tal de seguir presidiendo el Consejo de Ministros. Va de si Sánchez, en verdad, no puede o de si es inconstitucional. ERC ya enseña sus cartas: entre Puigdemont y el resto, prefiere el resto. Por eso, votó la ley.

La diputada de ERC, Pilar Vallugera, afeó a sus 'colegas' indepedentistas que no apoyaran el texto y los acusó de "caer en la trampa" de los "jueces prevaricadores". "Esto no va de Puigdemont y [Marta] Rovira, va de las 1.500 personas que tienen su vida en tela de juicio desde hace siete años". El propio Oriol Junqueras, que presenció el debate, sentenció: "No es la ley que habría hecho ERC pero es una buena ley en el contexto en el que estamos [...] y servía para garantizar el fin de la injusticia para centenares de personas en Catalunya que son inocentes". La guerra secesionista continúa.

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