El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, el candidato a la presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, y los seis exconsellers acusados de rebelión y malversación se pueden enfrentar a penas que oscilan entre los 17 y los 33 años de prisión.
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha procesado a 25 personas, a nueve de ellos por los delitos de rebelión y malversación, otros cuatro más por rebelión, cinco por malversación y desobediencia, y siete únicamente por el delito de desobediencia.
Según recoge el Código Penal, el delito de rebelión (artículo 472 y 473 del Código Penal) se considera un delito contra la Constitución y por tanto será castigado con la pena de prisión de 15 a 25 años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo.
Mientras que el de malversación de caudales públicos (artículo 432 del Código Penal), se considera un delito contra la Administración Pública, contempla penas de prisión que van de los dos a seis años, además de una inhabilitación de seis a diez años.
Ahora bien, se impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años si se dieran uno de los siguientes casos.
Estos son "un grave daño o entorpecimiento al servicio público" o que "el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 50.000 euros". En este caso, "si el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 250.000 euros, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado".
Mientras que el delito de desobediencia (articulo 410.1 del Código Penal), considerado un delito contra la administración pública, castiga la desobediencia grave cometida por autoridades públicas con multas que van de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis meses a dos años.
De esta forma, la Fiscalía y la acusación popular que ejerce Vox pueden pedir una pena para Puigdemont, Junqueras, Turull y los exconsellers Joaquim Forn, Raúl Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Antonio Comín y Dolors Bassa que oscile entre los 17 y los 33 años de prisión.
Además, los delitos de rebelión y malversación conllevan una pena de inhabilitación que puede bascular entre los 21 y los 45 años.
Un escalón por debajo, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC Jordi Sánchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, pueden enfrentarse a penas de entre 15 y 25 años de cárcel al imputarles solo el delito de rebelión, y una inhabilitación en los mismos términos.
Tras ellos, se encuentran los cinco exmiembros del Govern a los que el juez acusa de malversación y desobediencia: Meritxell Borràs, Lluis Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret, para quienes la pena puede ser de entre dos y ocho años de cárcel.
Por último, los cinco exmiembros de la Mesa del Parlament: Lluis María Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barruffet y Joan Josep Nuet, así como Mireia Boya (expresidenta del Grupo de la CUP) y Anna Gabriel, exportavoz de la CUP, son los únicos cuyo delito (desobediencia) no acarrea penas de prisión.
