El PNV sabe que Mariano Rajoy y el PP dependen de su apoyo al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2018 para seguir adelante con la legislatura y se lo va a vender caro. La renovación del cupo el pasado noviembre parece, en este sentido, un anticipo del precio total que los nacionalistas vascos quieren cobrarse y que va a incluir también la gestión de las prisiones vascas, porque la transferencia de la Seguridad Social se antoja imposible.
Siendo esta última transferencia pendiente al País Vasco un tema tabú, en la medida en que Ciudadanos, PSOE y los sindicatos se oponen -rompería la caja única de las aportaciones a la Seguridad Social-, el Gobierno Vasco ya ha comenzado a enviar globos sonda sobre la asunción de la competencia carcelaria; algo de lo que el Ejecutivo no quiere hablar mientras ETA no se disuelva definitivamente.
El asunto es que, durante 35 años, con ETA asesinando, los sucesivos gobiernos peneuvistas también se negaron redondo a asumir la gestión de las prisiones por temor a la presión de los familiares de la banda y la izquierda abertzale. Pero el final del terrorismo y el incremento de población etarra en las cárceles de Nanclares (Álava), Basauri (Vizcaya), próxima a ser excarcelada definitivamente, han convertido este asunto en jugoso políticamente para el PNV.
En noviembre, el Parlamento de Vitoria con el voto de todos los partidos, excepto el PP, y tomando como base una proposición no de ley de Podemos, instaron a los Gobiernos central y vasco a que inicien "en el plazo más breve posible" una negociación para acordar la transferencia de las prisiones vascas.
Una veintena de etarras cumplen actualmente condena en cárceles vascas pero la tendencia es que la totalidad del colectivo acabe siendo acercado al País Vasco o regiones limítrofes
ETA tenía en junio de este año a 360 miembros encarcelados, de los cuales 280 están en cárceles españolas y el resto en francesas. Solo una treintena -incluida una decena expulsados de la organización- está ahora mismo en cárceles vascas, pero la previsión es que esta cifra aumente conforme la liquidación de las condenas vaya cumpliéndose y los etarras sean concentrados en prisiones del País Vasco y alrededores, como El Dueso (Cantabria), Logroño o Navarra.
Ayer, el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, recordó que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría se emplazó a negociar con él esa transferencia y la de Seguridad Social en julio de este año, pero lo que no quiere el PNV es mezclar eso con los presupuestos.
"Hay que cumplir el Estatuto de Gernika. Los acuerdos sobre las transferencias se tienen que producir, y hay que disociarlo de las tácticas presupuestarias. Tenemos los expedientes preparados para encarar cualquier conversación que haga efectivas las transferencias. El Ministerio tiene nuestros documentos, cuál es la hoja de ruta", explicó Erkoreka.
Y respecto a las cuentas públicas 2018, el portavoz de Ajuria-Enea dejó claro que "no tenemos noticia del proyecto; y por lo que nos cuentan nuestros compañeros del PNV en Madrid, ni se habla. Ya se verá, es el Gobierno central el que debe decidir cuándo presenta el proyecto".
