Nuevo capítulo de la batalla entre el PP y Ciudadanos tras las elecciones en Cataluña. Ambos partidos compiten ahora a cuenta de la prisión permanente revisable. La reciente detención del presunto asesino de Diana Quer ha puesto sobre la mesa un debate candente en el Congreso, que deberá abordar próximamente la iniciativa presentada por el PNV para derogar la norma.
El PP ha desplegado en los últimos días una campaña en defensa de la medida que introdujo en el Código Penal en 2015. El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha adelantado que su partido va a iniciar una recogida de firmas en la calle a favor de la norma en casos de extrema gravedad. Además, el PP celebrará este próximo domingo en Córdoba una convención sectorial exclusivamente dedicada a la prisión permanente, en la que participará el presidente Mariano Rajoy.
El grupo popular en el Senado ha presentado además una moción para que sea debatida en el pleno de la próxima semana, con el objetivo de forzar a los grupos de la Cámara Alta a posicionarse al respecto. Los populares impulsarán además en el Congreso una proposición no de ley para pedir que se frene el intento de derogación por parte de la oposición.
En las filas naranjas no se han querido quedar atrás en plena pugna con el PP y han tomado también la iniciativa, conscientes de que la medida cuenta con un amplio respaldo social, según las últimas encuestas.
Aunque el partido de Albert Rivera se decantó inicialmente por la abstención en la votación de la iniciativa de los nacionalistas vascos, ahora han presentado una enmienda a la totalidad al texto del PNV, donde plantean garantizar el cumplimiento íntegro de las penas y endurecer el acceso al régimen de tercer grado y a los beneficios penitenciarios.
Ahora mismo, el Código Penal prevé que los presos condenados a cientos de años o a prisión permanente pueden tener acceso a beneficios penitenciarios como el tercer grado tras cumplir los primeros quince años de condena; veinte si son por delitos de naturaleza terrorista. La formación de Rivera quiere que no se pueda acceder en ningún caso hasta pasadas las dos primeras décadas y con requisitos más duros.
En cuanto a los permisos ordinarios, piden que no se otorguen hasta pasados quince años de estancia en prisión. Por otro lado, en caso de delitos de terrorismo, corrupción de menores o abusos sexuales, quieren que se eleve el acceso al tercer grado al 75% de la condena y no a la mitad como hasta ahora.
A su juicio, esa es "la laguna principal" del sistema penal español, que permite que un condenado por varios asesinatos en serie, violaciones o pederastia obtenga beneficios como el tercer grado (que permite la salida de prisión con medidas de control), lo que a su juicio permite que reincidan.
En la presentación de la enmienda, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha recordado que su partido aboga por implantar los mecanismos legales necesarios para que la sociedad pueda defenderse de determinados delitos y hacer "más difícil" que delincuentes que han cometido delitos graves, como los violadores, puedan salir a la calle en pocos años.
Para Villegas, con independencia de lo que pueda decir en el futuro el Tribunal Constitucional sobre la legalidad de la prisión permanente revisable, ahora lo que toca es "endurecer" el acceso al tercer grado para que delincuentes "especialmente peligrosos para la sociedad" no puedan salir a la calle y "campar a sus anchas"
La oposición recurrió la norma ante el Tribunal Constitucional, ya que sus detractores aseguran que atenta contra el artículo 25.2 de la Constitución, que exige la reinserción social de los presos. En Ciudadanos también muestran sus dudas y creen que ningún partido debería pedir su derogación mientras no se pronuncie el Alto Tribunal.
El padre de Diana Quer se ha unido a las familias de Marta del Castillo, Mari Luz Cortés, Ruth y José, Candela y Amaia, para recoger firmas a través de la plataforma Change.org para exigir que no salga adelante la derogación.
La pena contempla que una vez que el condenado cumpla su sentencia, se examine para acreditar que está rehabilitado y puede ser puesto en libertad. Normativas similares existen en países como Francia, Alemania, Reino Unido o Dinamarca, con el respaldo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
