La dirección del Partido Popular ha empezado a analizar el real decreto ley que establece qué medidas tendrán que mantenerse durante la 'nueva normalidad', pero en la votación de convalidación en el Congreso de los Diputados no se prevé un 'no' de los populares como en las últimas prórrogas del estado de alarma, según adelantaron fuentes del principal partido de la oposición a Vozpópuli.
La formación que lidera Pablo Casado ve con otros ojos este decreto ya que, con él, las comunidades autónomas recuperan las competencias cedidas al Ejecutivo central con la entrada en vigor del estado de alarma. Las Conferencias de Presidentes de los últimos domingos han creado un clima político más propicio para el acuerdo. Además, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha tenido una interlocución más cercana con los barones populares en las últimas semanas.
Desde Génova, la sede nacional del PP, se ha criticado al Gobierno por no consultarle este importante decreto antes de su aprobación el pasado martes y que únicamente se conociese su contenido tras su publicación en el BOE, pero el secretario general, Teodoro García Egea, no ha sido tan beligerante como en la quinta y sexta prórroga de la alarma.
En una entrevista este jueves en Antena 3, el 'número dos' del PP se limitó a decir que su partido estaba estudiando el decreto recién aprobado, pero evitó decir cuál sería el sentido del voto. Una actitud muy diferente a las últimas prórrogas, cuando el principal partido de la oposición se posicionó en el 'no' desde el principio.
Las citadas fuentes señalan que la abstención sería el terreno más cómodo para el PP y no descartan un 'sí' en la votación en la Cámara baja -previsiblemente la próxima semana- como ocurrió con el ingreso mínimo vital, pero Moncloa debería ser el primero en tender la mano. Algo que, por el momento, no ha sucedido.
Nuevo terreno para las comunidades
El decreto sobre la 'nueva normalidad' fija una serie de medidas para evitar futuros rebrotes y mantener bajo control al nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Durante esta nueva etapa, las CCAA tendrán que mantenerse alerta ante posibles rebrotes, pero ya no habrá ni restricción de movimientos ni límite de personas para reunirse. De esta manera, la movilidad total entre provincias y comunidades autónomas llegará una vez finalice el estado de alarma el próximo 21 de junio.
El real decreto recoge, por otro lado, que la covid-19 será una enfermedad de "declaración obligatoria urgente". Esto implica que las regiones tendrán que hacer test diagnósticos a todos los casos sospechosos de coronavirus y reportarlos de manera inmediata al Gobierno central.
Esto implica que las comunidades autónomas tendrán la obligación de suministrar información al Gobierno central "siempre que se produzcan situaciones de emergencia para la salud pública" para evitar futuros rebrotes. En ese sentido, también tendrán que seguir facilitando los datos epidemiológicos diarios.
Asimismo, todos los medios de transporte, establecimientos o "cualquier otro lugar, centro o entidad pública" en la que las autoridades sanitarias necesiten rastrear contactos, deberían facilitar de manera obligatoria toda la información de la que dispongan para facilitar esa tarea.
¿Cuánto dura la 'nueva normalidad'?
Las residencias tendrán que estar coordinadas, por otro lado, con el sistema nacional sanitario tras el estado alarma, según ha establecido por otro lado el decreto. "En cuanto a los centros residenciales de personas mayores o con necesidades especiales, las administraciones competentes deberán garantizar la coordinación de estos centros y disponer de planes de contingencia por COVID-19 orientados a la identificación precoz de posibles casos entre residentes y trabajadores, y sus contactos", reza el texto.
Una de las incógnitas es cuánto tiempo durará la nueva normalidad. Según explicó este martes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, estas medidas estarán en vigor hasta que el Gobierno considere que se "puede declarar el fin de esta crisis sanitaria, hasta que venzamos al virus".
Por ello, no tienen fecha de caducidad asegurada ya que dependerán de cuándo se disponga de un tratamiento o vacuna contra la enfermedad. En caso de que quiera ponerle fin, tendrá que consultarlo con las comunidades autónomas y lograr que un informe del Centro de Emergencias Sanitarias, decrete que ha terminado la emergencia sanitaria.
¿Cómo será la nueva normalidad? Lo que más destaca del decreto, desarrollado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado, es que el uso obligatorio de mascarillas se mantendrá durante la nueva normalidad, así como el mantenimiento de la distancia de seguridad -que ya no es de dos metros, sino de 1,5 metros- para prácticamente todo y que fue consensuado con Ciudadanos. En ese sentido, las mascarillas serán obligatorias siempre y cuando no se pueda mantener dicha distancia.
El incumplimiento de esta medida supondrá multas de hasta 100 euros, según han detallado en el real decreto. Serán las comunidades autónomas las encargadas de vigilar, inspeccionar y controlar que se cumplan todas estas medidas. La idea detrás de este decreto ley es evitar los contagios y lograr mantener a raya el virus incluso cuando no estén en vigor ningún tipo de restricciones respecto a la movilidad o el número de personas que puedan reunirse.
En lo que respecta a la 'nueva normalidad' en los centros de trabajo, se pide potenciar el teletrabajo siempre que sea posible, además de que será obligatorio ordenar los puestos de trabajo o crear turnos que eviten de manera directa las aglomeraciones, ya sea en oficinas como en restaurantes, hoteles o cualquier tipo de establecimiento comercial. En ese sentido, desde el Gobierno han asegurado que el real decreto garantizará que las mascarillas, geles hidroalcohólicos y "otros productos sanitarios" estén disponibles en cualquier momento.
