"¿Quién le ayudó en la selección del director de seguridad?". El juez que investiga el presunto desfalco al Campus de la Justicia muestra especial interés en la contratación de Andrés Gómez Gordo. Tras más de dos horas de interrogatorio al que fuera responsable del proyecto de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, el magistrado José de la Mata insiste en conocer cómo llegó al cargo el hoy imputado en el caso Villarejo por el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas ordenado por María Dolores de Cospedal. El exconsejero madrileño se desmarca del fichaje del agente. "Me lo recomendó toda la Academia", se escucha en la declaración a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
Prada responde a las preguntas del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional tras ser citado a comparecer como investigado por los presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y delito societario en la construcción del Campus de la Justicia.
En el auto, recogido por este diario, el magistrado da por ciertas las acusaciones de la Fiscalía que apuntan que el exvicepresidente segundo de Madrid tenía "todas las facultades" del consejo de administración del Campus y "tomaba parte directa, de modo personal e inmediato, en las decisiones estratégicas y operativas de la compañía". De ahí que le pregunte directamente por la contratación de Gómez Gordo.
"¿Le propusieron varias personas?"
Según consta en las pesquisas, el agente de Policía firmó un contrato el 8 de octubre de 2007 como director de seguridad del proyecto y posteriormente se añadieron al organigrama dos directores de seguridad adjuntos.
En un principio, Prada asegura que la recomendación del agente vino de la mano del director de estudios de la Academia de Policía, "el señor Fernández"; a lo que el juez insiste y pregunta si recuerda el nombre. "Juan Carlos Fernández", responde Prada inmediatamente, en referencia al que luego se desempeñó como director de Seguridad de la Consejería de Justicia de la Comunidad.
VOPVID20190531_0004
La respuesta, sin embargo, no satisface la inquietud del magistrado, quien vuelve a preguntar: "¿Singularmente le recomendó?". Y Prada matiza: "No, fue la Academia en general. El era el interlocutor, digamos que yo podía tener en ese momento". El juez De la Mata intenta desvelar si Gómez Gordo fue la única opción para la dirección de seguridad. "¿Le propusieron varias personas?", insiste.
"Este cumple con los requisitos"
En este toma y daca, el exconsejero explica: "Nos recomendaron a este [Gómez Gordo], pero con varios currículums. Pero me lo recomendaba no solo el señor Fernández, sino que me lo recomendaba toda la gente de la Academia. Me dijeron este cumple los requisitos".
Prada justifica que Gómez Gordo había sido director de seguridad de la Comunidad de Madrid y responsable de eventos públicos, por lo que, aunado a la recomendación de la Policía, cumplía con el perfil para el cargo.
Según detalla el informe de la Cámara de Cuentas en el que se basó la primera demanda contra la gestión del Campus de la Justicia, la persona que figura como director de seguridad fue contratada en octubre de 2007 y dada de baja en septiembre de 2009. "Su nómina mensual en 2008 era de 6.000 euros", se lee en el documento en el que se hace hincapié en que no se encontró información sobre la liquidación, ni la causa del despido.
Se apunta, sin embargo, el monto de la indemnización: "38.961 euros, lo que supone, considerando que fuera un despido improcedente y se le abonaran 45 días al año, aproximadamente 170 días de salario, una cantidad que le correspondería si hubiera trabajado casi cuatro años en el Campus de la Justicia, cuando en realidad no llegó a dos".
"Múltiples irregularidades"
El 19 de abril de 2018 la Comunidad de Madrid de Cristina Cifuentes utilizó el informe de la Cámara de Cuentas para denunciar las "múltiples irregularidades" del proyecto de Esperanza Aguirre para agrupar las 19 sedes judiciales en el barrio madrileño de Valdebebas.
Dicho informe detalla el supuesto "caos" detrás del Campus: ausencia de documentación justificativa del proyecto, falta de criterios de racionalidad y falta de rendición de cuentas. Prada invierte sus más de dos horas de declaración en defender su gestión y dar por falsas las afirmaciones plasmadas en el informe. Para él, "está todo justificado".
