El PSC no se plantea tomar ninguna medida preventiva contra los ayuntamientos socialistas que, según la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), se han comprometido a colaborar con el 1-O y sigue defendiendo que ese día "ningún" regidor de su partido va a participar en este "referéndum ilegal". Eso sí, si llegado el caso alguno se saltara la ley, su posición es clara: una condena judicial les dejaría fuera del partido.
En total, algo más de medio centenar de ayuntamientos socialistas forman parte de esa asociación independentista, ahora totalmente volcada en el desarrollo del 1-O, pero no todos se han comprometido a colaborar con su organización. Según la lista de esta asociación, del total de 734 consistorios que lo han hecho hay al menos una docena en manos de los socialistas, la mayoría municipios de menos de 1.000 habitantes.
De acuerdo a esta lista, esta docena de ayuntamientos se saldrían de la posición oficial del PSC, que niega cualquier legalidad o garantía a la celebración del referéndum independentista. Los socialistas catalanes presentaron la semana pasada su propio manifiesto contra el 1-O y denunciaron las presiones y amenazas que están recibiendo de los soberanistas para que colaboren.
Pero esta lista mostraría que existen fisuras. Sin embargo, son mínimas a ojos de la dirección del PSC, que insiste en que todo el partido está en contra de este referéndum y defiende que los municipios firmantes son casos "muy determinados" que responden a circunstancias particulares. De hecho, recalcan que detrás de esas firmas no siempre están los alcaldes.
Ocurre en el caso del mayor municipio que aparece en el listado, Corbera de Llobregat, con algo más de 14.000 habitantes, que el PSC gobierna con ERC. Según las fuentes consultadas por este periódico, la firmante no ha sido Rosa Boladera, sino el teniente de alcalde, del partido republicano, un caso que se repite en otros pueblos gobernados con pactos. Esta maniobra, que puede buscar salvar acuerdos municipales aunque no eximiría de responsabilidades legales a los alcaldes, no es del agrado del PSC, pero mantiene su discurso de que sus regidores no se han comprometido con el 1-O.
En el PSC defienden que los municipios firmantes son casos "muy determinados" que responden a circunstancias particulares. De hecho, recalcan que detrás de esas firmas no siempre están los alcaldes
En la lista hay otros casos de alcaldes independientes que concurrieron en las listas del PSC, como el de Gratallops (Tarragona), Xavier Gracia, a quien el PSC no puede amenazar con sanciones. E incluso aparecen municipios, como El Vendrell, cuyo alcalde se ha manifestado públicamente en contra el 1-O.
En definitiva, en el PSC no se detecta la menor preocupación por este asunto. En primer lugar, porque se trata de casos muy particulares, y, en segundo, porque apuntan que de ese compromiso a los hechos, todavía hay un trecho. "De aquí al día 1 veremos lo que pasa", señalan las fuentes consultadas.
Por eso, rechazan tomar cualquier tipo de medida con carácter preventivo, porque si finalmente hay algún alcalde socialista que decide poner urnas, lo de menos será el efecto que tendrá en su militancia en el partido, apuntan. De hecho, el propio primer secretario, Miquel Iceta, ha elevado el tono en los últimos días advirtiendo a los posibles díscolos que si acaban participando y poniendo urnas, serán condenados por un juez y expulsados "automáticamente" del partido.
Plena confianza de Ferraz
Mientras tanto, en Ferraz se confía plenamente en su partido hermano. Preguntado por la posición de esta docena de ayuntamientos, el portavoz de la Ejecutiva, Óscar Puente, respondió ayer que, si se da el caso, será el PSC quien "decidirá qué medidas adopta". "Creemos que la posición del PSC es clarísima y que la inmensa mayoría, salvo alguna excepción, no va a poner espacios", defendió.
En total, el PSC tiene 122 ayuntamientos que gobiernan para un 30% de los catalanes y comparte alcaldías en otros 70 municipios, entre ellos el de Barcelona, con Ada Colau. El resto está en manos de independentistas.
