Hasta las doce de la noche de hoy, lunes 7 de agosto, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, puede convocar elecciones autonómicas el uno de octubre... el mismo día en el que pretende celebrar un referéndum ilegal sobre la independencia de Cataluña. Solo tiene que firmar el decreto de disolución del Parlamento de Cataluña y que éste aparezca publicado en el Boletín oficial de la comunidad mañana, martes, 54 días antes. Como fija la ley.
Así que cuando llegue esta medianoche, Mariano Rajoy y su el Gobierno respirarán aliviados porque, aunque en las últimas semanas la posibilidad de hacer coincidir ambas convocatorias se ha venido difuminando -las encuestas no garantizan a Junts pel Sí repetir mayoría ni siquiera pactando con las CUP-, ese escenario también ha estado sobre la mesa de La Moncloa; y es ciertamente muy desfavorable para los intereses del Estado.
Porque, reconocen fuentes populares consultadas por Vozpópuli, no es lo mismo hacer frente policialmente al intento secesionista de organizar una consulta "testimonial" como la del 9-N de 2014, para la cual no van a contar con muchos de los funcionarios de la Generalitat ni municipales que se presten a intervenir, que intervenir para separar la votación legal al Parlamento de Cataluña de la ilegal.
Si llegara a haber a la vez elecciones autonómicas y referéndum el uno de octubre, la Justicia tendría que ordenar la retirada de las urnas ilegales en 2.700 colegios repartidos por toda Cataluña
"No queremos la imagen en la CNN de la Guardia Civil retirando urnas", vienen repitiendo los responsables del Ejecutivo en privado cuando se les consulta qué harán el uno de octubre. De momento, la respuesta a la amenaza está siendo judicial, vía Tribunal Constitucional. Y los cientos de efectivos suplementarios de Policía y Guardia Civil que han sido enviados discretamente a Cataluña, tienen orden de discreción.
Pero en las elecciones autonómicas de septiembre de 2015 hubo 2.698 colegios electorales toda Cataluña, y si Puigdemont firma este lunes la disolución del Parlament, el Ministerio del Interior estaría obligado a desplazar muchos cientos de efectivos más, en previsión de que los Mossos d'Esquadra no atiendan la demanda de retirada de esas urnas ilegales por parte de la Justicia.
Además, La Moncloa tiene muy en cuenta también que el censo y la movilización de la ciudadanía catalana, incluida la no independentista, los tendría garantizados el soberanismo con la doble votación y daría más eco internacional a su desafío.
Los populares y el resto de partidos constitucionalistas temen que, en ese escenario, la "presión ambiental" hiciera que muchos de esos no independentistas, los cuales nunca se desplazarían a votar a un referéndum ilegal, acabasen también introduciendo la papeleta del "sí" o el "no" a la independencia fuera del colegio; con más participación, incluso, que en la fallida consulta del 9-N de 2014.
