La intervención que hoy ha hecho Mariano Rajoy en el arranque del debate de su investidura está claramente condicionada por la fragilidad parlamentaria del PP, obligado a recorrer la XII legislatura con 137 diputados, más los que quieran sumarse del PSOE, Ciudadanos y Coalición Canaria a las principales reformas que tiene en cartera. El emplazamiento más directo ha sido dirigido a los socialistas, cuya crisis interna ha eludido. “El Gobierno que pretendo formar puede estar lejos de cumplir las condiciones de solidez, gobernabilidad y estabilidad. Pero el Gobierno del Reino de España no puede ser un mero trámite, ha de servir para que los españoles resuelvan sus problemas. No benefician a nadie ni las sorpresas, ni las improvisaciones, ni las incertidumbres. Si no sabemos despejarlas, estaremos perdiendo el tiempo”.
El candidato del PP advierte a los socialistas que un momento tan excepcional exige dejar de lado la confrontación ideológica
En esta misma dirección, Rajoy les ha dicho a los socialistas que su abstención en la investidura no supone forzar la voluntad “de nadie, ni que nadie tenga que renunciar a sus principios”. En su opinión, “la excepcionalidad de las circunstancias exige que se dejen a un lado todas las confrontaciones ideológicas y se sumen los esfuerzos, de manera excepcional, porque se trata de una situación inédita que no conoce precedente”. De lo contrario, sin esta actitud, ha advertido, “estaríamos abocados a repetir las elecciones”.
Rajoy asegura haber asumido que tendrá que construir una mayoría cada día para gobernar. “Estoy dispuesto a negociar cuanto sea necesario todas las decisiones. Haré cuanto esté en mis manos para que podamos trabajar de forma conjunta”, ha señalado el candidato a la investidura, después de pedir a todas las fuerzas del arco parlamentario “una contribución responsable”.
Como hiciera hace dos meses durante su investidura fallida, esta tarde Rajoy ha priorizado la necesidad de un plan urgente contra el desempleo –el objetivo es alcanzar los veinte millones de españoles con trabajo– y la reforma de las pensiones, tareas a las que ha añadido un pacto a favor de la educación y el cambio de la financiación autonómica, sin olvidar los compromisos contraídos con Ciudadanos contra la corrupción y la negociación pendiente para encauzar el conflicto catalán.
Rajoy ha agradecido al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y a Coalición Canaria, el apoyo que le van a dar en la investidura. Si algo ha dejado claro, es que la política del próximo Gobierno en las grandes áreas de Estado debe estar sometida a la complicidad de los partidos que van a facilitarle su continuidad en La Moncloa.
La primera ley, la más importante, que llegará a la Cámara Baja a mediados de noviembre es la que contiene los Presupuestos estatales para 2017. Se ha comprometido a remitir al Parlamento los objetivos de estabilidad y deuda pública, así como el límite de gasto no financiero del Estado. También ha confirmado su compromiso con los objetivos de déficit, uno de los objetivos que se propone abordar también con el conjunto del arco parlamentario, consciente de que “entramos en una nueva etapa”.
El Gobierno negoció recientemente con las autoridades europeas un generoso grado de flexibilidad para continuar el proceso de reducción del déficit público, retrasando hasta 2018 el momento en que se exigirá a España situarlo por debajo del 3% del PIB. La relevancia de la política presupuestaria, ha añadido, deriva también de la certidumbre que necesitan los 14 millones de ciudadanos que perciben algún tipo de prestación pública y de la estabilidad que necesitan los servicios en sanidad y educación prestados por las 17 comunidades autónomas, el grueso de ellas rescatadas desde la administración central en la anterior legislatura. En este contexto ha ubicado la reforma de la financiación autonómica y para hacerla con garantías ha ofrecido al resto de las fuerzas políticas –el PSOE gobierna en siete de ellas– pactar un modelo estable que preserve la igualdad de los españoles con independencia de donde vivan. En breve, convocará en el Senado una Conferencia de Presidentes para encauzar estos cambios.
El presidente en funciones ha adelantado también que convocará con urgencia al Pacto de Toledo para despejar cualquier duda sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones después de que el fondo de reserva de la Seguridad Social haya pasado de 66.000 millones a solo 24.000 en los últimos años.
Las prioridades de Rajoy: empleo, pensiones, financiación autonómica, pacto educativo y Cataluña
Otro de los asuntos de Estado que ha abordado es el conflicto catalán, que piensa afrontar con unos criterios claros: “el único pueblo soberano en España es el que conforma la totalidad de los españoles. Nadie, ni el Gobierno ni las Cortes, ni ningún otro poder del Estado, pueden privar al pueblo español de su derecho exclusivo a decidir sobre su futuro ni sobre su territorio”.
