La vía del artículo 155 de la Constitución, por el que el Estado asume determinadas competencias ahora transferidas a un Gobierno autonómico, no parece ser la principal línea de acción de Moncloa para frenar el referéndum que la Generalitat pretende convocar los próximos días. La estrategia del Gobierno frente al 'golpe de Estado', del que hablaron el portavoz y la ministra de Defensa se basa, de entrada, en recurrir la iniciativa secesionista al Tribunal Constitucional, que podría adoptar las medidas necesarias para impedir su celebración. En el caso de que esta línea de acción no logre los resultados perseguidos, hay otras fórmulas que el Ejecutivo central tiene elaboradas y listas para su puesta en marcha.
La Generalitat ha estudiado los diversos pasos que pueden el Gobierno para atajar su proyecto de 'desconexión'. Estos días por ejemplo, en el equipo de Puigdemont se rescatan sus ya antiguos temores a que Rajoy pueda recurrir a la Ley de Seguridad Nacional, aprobada en 2015, e impulsada en su momento por el ministro de Interior Jorge Fernández Díaz. Esta iniciativa legal, denominada 'ley mordaza', permite al Gobierno hacerse cargo de la dirección, control y coordinación de los cuerpos de Seguridad de Cataluña frente a una SISN (Situación de Interés para la Seguridad Nacional), como podría ser la desobediencia de los Tribunales y la celebración de la anunciada consulta.
Sería una fórmula más rápida que el artículo 155, que necesita una serie de trámites dilatorios, como el envío a la Mesa del Senado, de ahí a la Comisión General de Comunidades Autónomas, luego al Gobierno autonómico implicado que podrá presentar alegaciones y finalmente, votar en la Cámara Alta con mayoría absoluta. Y sus efectos podrían modulase el tiempo preciso, esto es, solo unas horas, las necesarias para frustrar el despliegue de los secesionistas. Puigdemont pretende que la Cámara catalana apruebe su "ley de ruptura" en tan sólo 24 horas, de ahí la necesidad por parte del Estado de dar una respuesta ágil y rápida y, por supuesto, 'proporcional' y sin estrépito.
Otra cuestión es que Rajoy pretenda asumir dar ese paso, tomar esa decisión de forma personal. La Generalitat confía en que se mantenga en su actual línea de que sean los tribunales, particularmente el Tribunal Constitucional, quien se encargue de bloquear la celebración del plebiscito. El Gobierno central no desvela cuáles son sus planes. Ni siquiera ha vuelto a mencionar la aplicación de esta ley para afrontar el órdago secesionista catalán. Pero es una herramienta que reposa en el cajón del Ejecutivo por si es preciso recurrir a soluciones drástica.
A las órdenes de Moncloa
Según se recoge en el articulado de esta Ley de Seguridad Nacional, que el pasado noviembre fue avalada por una sentencia del Constitucional contra un recurso de la Generalitat, el Gobierno no retira al Ejecutivo catalán sus poderes sobre su policía, pero quedan anulados de facto ya que la autoridad máxima de Interior pasa al control del Gobierno. La Generalitat quedaría en segundo plano, a las órdenes de Moncloa, sin apenas poder directo sobre sus efectivos.
La ley obliga a la Generalitat a "aportar medios humanos y materiales que estén bajo su dependencia en caso de declararse una SISN", lo que supone que todas las autoridades competentes en materia de seguridad pasan a situarse bajo el mando de una dirección que asume el Gobierno central.
La semana última el Tribunal Constitucional rechazó también por unanimidad otro recurso de la Generalitat, esta vez contra la Ley de Protección Civil, mediante la cual el Estado puede asumir una función de 'coordianción general de los diferentes servicios y recursos públicos", ya que "tiene competencia exclusiva en materia de seguridad pública". La filosofía de la sentencia del TC, en este caso de protección civil, es la misma que ya aplicó a la Ley de Seguridad. El Estado asumiría las competencias de coordinación "para garantizar el interés nacional". La Generalitat, de esta forma, perdería sus competencias en materia de emergencias incluso en aquellos episodios de dimensiones estrictamente autonómicos.
El grupo parlamentario de ERC defenderá esta semana en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para la derogación inmediata de esta ley, por considerarla 'innecesaria' y que incurre en 'inseguridad jurídica' de los ciudadanos. Un trámite que adivina lento y de eficacia estéril ya que necesitaría el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara para salir adelante.
