Las prostitutas están en pie de guerra contra Irene Montero. La ministra de Igualdad ha liderado una campaña para el cierre de los clubes de alterne como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno para contener la segunda ola del coronavirus en nuestro país. El sector de las trabajadoras sexuales denuncia el abandono del Ejecutivo. Y asegura que mientras los empresarios de estos locales se benefician de los salvavidas económicos contra la pandemia como los ERTE, ellas se ven abocadas a la calle.
“No somos empleadas ni de hecho ni de derecho”, dice Sabrina Sánchez, portavoz del sindicato de prostitutas Otras. “Nos dejan en la calle, porque muchas de nosotras vivimos en estos prostíbulos. El acceso a la vivienda es muy difícil porque no tenemos contrato, ni nomina que presentar”.
Montero ha hecho un llamamiento a todas las comunidades autónomas para que cierren los clubes de alterne, al igual que el resto de discotecas y locales de ocio nocturno. Varias regiones, especialmente las gobernadas por el PSOE, han atendido la petición.
1.200 clubes de alterne en España
Según el Instituto de la Mujer, hay unos 1.200 locales de este tipo repartidos por toda la geografía española. Muchas prostitutas, el 99% extranjeras, viven en ellos. Es difícil establecer un cálculo. Algunas asociaciones hablan de 2.000. Otras estiman que la cifra es más alta y que quizá hasta 25.000 viven en este régimen, en el que pagan a los empresarios de estos clubes unos 90 euros al día.
Se calcula que al menos unas 50.000 personas se dedican a la prostitución en España. Vozpópuli ha tratado sin éxito de recabar la opinión de la patronal de estos locales, que se agrupa mayoritariamente en la Asociación Nacional de Empresarios de Clubes de Alterne (Anele).
La Minsitra se congratula, desde su chalet de Galapagar, que cientos de mujeres se queden sin lugar donde vivir y sin ingresos para sobrevivir.
Usted se quedó sin vacaciones, nosotras sin casa ni trabajo.
— Sindicato OTRAS (@OtrasSindicato) August 22, 2020
El Gobierno, y en especial Podemos, denuncia que estos lugares son focos de explotación sexual. Otras comparte que hay que luchar contra “la impunidad de los proxenetas”, pero acusa al Ejecutivo de no proteger los derechos laborales de las mujeres que han decidido ejercer libremente esa profesión.
“La ministra dice que hay que luchar contra la impunidad de los proxenetas. Estamos de acuerdo. Hay que proteger a las víctimas de trata. Pero no se hace”, asegura Sánchez. Tampoco se protegen nuestros derechos laborales. Piensan que las dos cosas son lo mismo y hay que combatir las dos”.
El Gobierno más progresista de la historia se niega a reunirse con nosotras”
Sánchez denuncia que el “Gobierno más progresista de la historia se niega a reunirse con nosotras”. Dicen que han solicitado a Montero verse en varias ocasiones. Pero que siempre les están dando largas. El sindicato alerta de que la situación para este sector es muy grave desde que se decretó el confinamiento el 13 de marzo. “Llueve sobre mojado”, dicen sobre la batalla de Montero.
Ingreso Mínimo Vital por 'crowdfunding'
Las prostitutas han quedado fuera de cualquier modalidad de ayuda. Según Sánchez, algunos empresarios han rebajado el precio de la pensión que pagan estas empleadas a 30 euros. El sindicato lanzó un crowdfunding en el que recaudaron 45.000 euros de “pura solidaridad”. Ese fondo de emergencia se repartió de 100 en 100 en euros. Ha sido su único ingreso mínimo vital.
“Nos manifestaremos. Haremos un comunicado y alertaremos a todas las administraciones, sobre todo las locales, para que tengan en cuenta la situación social y de urgencia que supone que todas estas mujeres se queden en la calle, sin vivienda y sin entrada de recursos”, explica. “La ministra dice que nos explotan pero no se nos da una solución. Todas estas personas son candidatas a que les exploten en cualquier otro sitio y si se tienen que ir a la calle, la medida sanitaria del cierre de estos locales pierde su sentido”.
Otras no es un sindicato de momento legal. Está pendiente de una resolución del Tribunal Supremo. El grupo cuenta con unas 200 asociadas. Reconocer este sindicato sería reconocer la actividad sexual como un trabajo legal, que permite a sus empleados sindicarse.
