El Gobierno de Pedro Sánchez busca sacudirse la presión de Carles Puigdemont desde que aceptó ceder a Cataluña las competencias migratorias. La resurrección de la operación Cataluña y el anuncio de una desclasificación parcial del espionaje a Pere Aragonés con el software Pegasus forman parte de ese intento de "quitarse de encima a Junts per Catalunya" y, de paso, congraciarse con ERC, según explican fuentes socialistas a Vozpópuli.
La incomodidad del Ejecutivo con las cesiones a Puigdemont es manifiesta. Día tras día, sus portavoces no tienen respuestas para todas las preguntas. Y, lo que es peor, dicen cosas diferentes sobre el alcance del pacto alcanzado hace unos días para salvar los decretos económicos de Sánchez.
Este malestar, compartido en amplios sectores del PSOE, también es extensible a ERC, socio de Sánchez desde hace bastante más tiempo que Puigdemont y que pugna por Junts por la supremacía del separatismo en Cataluña con las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina.
Sánchez: no afecta a seguridad nacional
La decisión del Gobierno de desclasificar una parte del auto judicial que autorizó al CNI a espiar el teléfono de Aragonés cuando era vicepresidente de la Generalitat (2018-2021) busca cambiar el foco. Primero, respalda la actuación de la ex directora del Centro, Paz Esteban, imputada por un juzgado de Barcelona. Por otro, se trata de una cuestión en la que ERC se siente más cómodo en comparación con el debate entorno a política migratoria con Junts.
Fuentes del Gobierno aseguran que han optado por desclasificar este documento porque "lo ha pedido el juez" y "es el momento procesal oportuno". "Es información que no afecta a la seguridad nacional", aseguran estas fuentes.
El independentismo lleva años denunciando un "espionaje masivo" a sus dirigentes políticos y líderes sociales sobre la base de un informe elaborado por Citizen Lab del que los expertos han expresado muchas dudas. El CNI sólo reconoce haber intervenido los terminales telefónicos de 18 personas mediante el software israelí Pegasus y con autorización judicial.
Las novedades de Pegasus, con la inminente declaración de Esteban en el juzgado, han coincidido con nuevas informaciones de la llamada operación Cataluña en la prensa regional. Estos dos casos tienen abiertas sendas comisiones de investigación parlamentarias en el Congreso, tal y como se comprometió el PSOE con los partidos separatistas a cambio de apoyar la investidura de Sánchez.
El Gobierno de Rajoy, en las comisiones
La intención de ERC y Junts de citar jueces a estas comisiones ha quedado descartada, de momento, por el Gobierno. Y es de momento porque no sería la primera vez que el Ejecutivo se desdice. Lo que parece que nadie va a evitar es que el PSOE de Sánchez apoye una lista de comparecientes que incluya al ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a otros altos cargos de su Ejecutivo como Soraya Sáenz de Santamaría y Juan Ignacio Zoido, entre otros.
Este diario ya informó de que Puigdemont y ERC tenían entre sus objetivos a Rajoy y su Consejo de Ministros. Y el Gobierno actual no descarta para nada esa posibilidad.
En cuanto al caso Pegasus, el separatismo dice contar ahora con un primer aval independiente de espionaje no reconocido por el CNI. Hasta ahora, estas denuncias están basadas en el estudio de Citizen Lab y de un perito judicial que había trabajado en el pasado para la Generalitat.
Un equipo de los Mossos ha certificado ahora ante los juzgados que investigan uno de los varios casos abiertos por el presunto espionaje con Pegasus que los móviles de la eurodiputada de ERC Diana Riba, el diputado en el Parlament Josep Maria Jové y el exdiputado Sergi Sabriá fueron infectados con este software.
En concreto, han encontrado un mínimo de cuatro fechas de los ataques a dos móviles de Jové, en marzo y octubre de 2019 y en julio y noviembre de 2002; mientras que el móvil de Riba fue infectado el 28 de octubre de 2019.
Está por ver, según explican otros expertos informáticos, si los Mossos han utilizado los mismos indicadores que Citizen Lab o han optado por otros. La organización ya reconoció que la cadena de custodia de los terminales no estaba garantizada cuando se analizaron los teléfonos.
