La magistrada de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo Ana María Ferrer interrogará el 11 de mayo al arrepentido Francisco Javier Bueno González, y a otros dos testigos, antes de decidir si acusa a la senadora Pilar Barreiro, que hace tres semanas abandonó el Grupo Parlamentario del PP de la Cámara Alta para facilitar la aprobación de los presupuestos, según una providencia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
Los otros dos testigos que serán interrogados por la magistrada Ferrer son la concejal del PP en el Ayuntamiento de Cartagena Carolina Beatriz Palazón Gómez y el periodista Isaac V. F., especifica la resolución, que destaca que antes de decidir sobre el archivo de la imputación, tal y como reclamaron la Fiscalía del Tribunal Supremo y la defensa de la investigada, practicará varias diligencias, entre las que se encuentran las declaraciones mencionadas.
La Fiscalía del Tribunal Supremo solicitó el pasado 15 de marzo que se archivara la causa de la exsenadora del PP y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro por la perpetración de los delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho en el marco de la denominada 'Operación Púnica'.
Por su parte, el arrepentido Bueno González, que era el director comercial de Madiva Editorial SL, una de las empresas del informático de la 'Punica', Alejandro de Pedro, está imputado en la pieza separada de Murcia de la 'Púnica'. Por eso, la magistrada en la providencia anuncia que le informará de su derecho a no declarar y de que el procedimiento que se sigue en el Supremo no se dirige contra él.
Por ello, con toda probabilidad, este arrepentido volverá a ser interpelado sobre los presuntos pagos irregulares de los que se habría beneficiado la exsenadora del PP.
Reuniones clave
Tal y como adelantó Vozpópuli, este directivo reconoció haber estado presente en reuniones clave de las supuestas negociaciones de la trama con Barreiro y con el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez.
Francisco Javier Bueno confirmó que el 22 de septiembre de 2014 su jefe, Alejandro de Pedro mantuvo una reunión con el propio Pedro Antonio Sánchez, que entonces era consejero de Educación y aspiraba a encabezar la lista autonómica de su partido, y la entonces alcaldesa de Cartagena y senadora Pilar Barreiro. En la reunión habrían acordado un contrato presuntamente irregular.
Según detalló el imputado, ese día él estaba junto a De Pedro en el Hotel Las Letras de la Gran Vía de Madrid cuando éste le pidió que saliera del lugar ya que tenía intención de reunirse con Barreiro y Sánchez. Francisco Javier Bueno aseguró que cuando salía del establecimiento se cruzó con los dos políticos.
El exdirectivo de la empresa implicada en la trama 'Púnica' informó al juez acerca de tres encuentros que mantuvo con Barreiro o su equipo en los que la exalcaldesa de Cartagena habría contratado, de forma presuntamente irregular, los servicios informáticos de Alejandro de Pedro.
Ana María Ferrer
Además, la magistrada del Supremo Ana María Ferrer ha reclamado al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional "la documentación aportada por María del Mar Conesa Marchán tras su declaración el 4 de octubre de 2016", pero también la grabación de la declaración de la que fuera jefa de prensa de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, Isabel Gallego, en la que aludió de los pagos realizados a al informático de la 'Púnica' Alejandro de Pedro.
Asimismo, la magistrada informa en la providencia de que ha recibido un escrito, de los abogados de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), en el que como acusación popular piden que no se archive la investigación contra Barreiro, tal y como reclamó la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Este documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, Adade califica de sorprendente la petición del ministerio publico de que se cierre la causa contra Barreiro, ya que considera acreditado que la exalcaldesa de Cartagena tuvo "un papel fundamental en los hechos y además es la beneficiaria directa de los bienes públicos malversados, gracias a la mejora en su reputación".
