El juez del Supremo Pablo Llarena ha ordenado, a instancias de la Fiscalía, vigilancia policial para la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los otros cinco investigados en ese tribunal hasta que declaren el día 9 de noviembre.
Fuentes jurídicas han informado de la decisión del magistrado, adoptada tras acceder a aplazar las declaraciones hasta el día 9 de noviembre a petición de los letrados de los seis investigados.
El fiscal no se ha opuesto a ese aplazamiento, pero ha pedido como medida cautelar la vigilancia policial para los seis, y el juez la ha acordado.
Esa vigilancia no se realizará de forma presencial, sino mediante la localización del domicilio y de un teléfono móvil para que la Policía pueda realizar controles de permanencia, según el abogado Javier Melero, que defiende a Lluís Corominas y Lluís Guinó.
El letrado ha reconocido que la estrategia del expresidente Carles Puigdemont, quien ha rehusado comparecer ante la Audiencia Nacional, perjudica a la estrategia de los demás investigados.
Llarena ha acordado la suspensión de las comparecencias previstas para hoy y mañana y su posterior aplazamiento a petición de los abogados de los diputados del Parlament, investigados por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación.
De esta forma, el magistrado ha atendido la petición de todas las defensas que, previo al inicio de las comparecencias, han solicitado al juez el aplazamiento alegando que necesitaban disponer de más tiempo para preparar las defensas, ya que apenas ayer les fueron notificadas las citaciones judiciales respecto de una querella que la Fiscalía presentó el lunes y el TS admitió el martes.
