El millonario contrato de basuras que el Ayuntamiento de Ponferrada adjudicó a FCC el pasado mes de febrero no entrará en vigor el próximo 1 de abril como estaba previsto. La polémica y las sospechas sobre posibles intereses económicos de la adjudicación, de las que dio cuenta este diario, tienen ya sus consecuencias porque el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (TARCYL) ha dictado un auto por el que suspende el procedimiento para hacer efectivo dicho contrato. Esta suspensión cautelar se produce a raíz de las alegaciones interpuestas por Urbaser, la otra empresa que aspiraba a la licitación, y que ahora están siendo estudiadas por el TARCYL, tal y como informa la prensa berciana. 

La decisión del tribunal deja en suspenso el contrato, por lo que las anteriores condiciones y la antigua concesionaria quedan prorrogadas hasta que se resuelva el recurso presentado por Urbaser por posibles irregularidades en los trámites. Por su parte, el Ayuntamiento que dirige Samuel Folgueral ya ha enviado la documentación requerida y, según las fuentes consultadas, el equipo de gobierno confía en que el tribunal les dé la razón y poder empezar a aplicar el contrato en cuanto el tribunal resuelva, un plazo que podría rondar las dos semanas, según Bierzo Diario. Desde el Gobierno municipal trasladan la idea de que el proceso de adjudicación se ajustó a la legalidad y que ésta fue aprobada en el pleno, con el voto decisivo del alcalde, por cierto.

El Ayuntamiento confía en que el tribunal resolverá a su favor por haber cumplido con la legalidad y poder aplicar la adjudicación lo antes posible

Como ya informó Vozpópuli, vecinos y oposición denunciaron el oscurantismo con el que se llevó a cabo dicha adjudicación y concluían que el contrato de basuras que entonces estaba pendiente de renovación podría haber jugado un papel importante en el pacto entre Ismael Álvarez, líder del Partido de Independientes Agrupados de Ponferrada (IAP) tras su salida forzosa del PP a causa de la condena por acoso sexual en 2002 (caso Nevenka), y Folgueral, que abandonó el PSOE para convertirse en alcalde tras el ultimátum del partido por pactar con Álvarez. Los rumores de negociaciones paralelas y las sospechas sobre posibles intereses personales del gobierno del bipartito desprenden cierto 'tufo'.

El pastel era bien goloso: hasta 116 millones de euros a razón de 5,8 millones anuales. La unificación de los servicios públicos de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y mantenimiento y conservación de zonas verdes y jardines supone un ahorro de alrededor de 2 millones de euros frente a lo presupuestado por los dos por separado. Otra novedad es que el contrato tiene una duración de 17 años, más tres prórrogas de un año, por lo que podría prolongarse durante las próximas dos décadas, un período hasta ahora nunca visto. Los vecinos críticos se quejan -además de la duración de la concesión y de las dudas del proceso- de la reducción del servicio, ya que en algunos barrios la recogida de basuras pasará a ser solo en días alternos. 

Vecinos y oposición denuncian el oscurantismo con el que se hizo la adjudicación y concluyen que el contrato de basuras podría haber jugado un papel importante en el pacto que dio lugar al bipartito

Municipalizar el servicio: ¿ahorro o gasto extra?

El portavoz del colectivo Cuatrovientos y Flores del Sil, Ricardo Bouzas, critica que el ayuntamiento de la capital berciana se ha limitado a publicar el anteproyecto, que es lo que le exige la ley, pero este documento no responde a lo que el colectivo demanda, que son las pruebas de que municipalizar el servicio de recogida de basuras encarece en 500.000 euros la gestión indirecta, tal y como defiende el Consistorio. La municipalización del servicio es una vieja reivindicación de la oposición y de asociaciones de vecinos, puesto que, según ellos, ahorraría desembolsos que conlleva la privatización tales como el IVA, gastos generales y beneficio industrial. Según el Tribunal de Cuentas, la gestión privada de la limpieza viaria es un 71% más cara que la pública. Sin ir más lejos, la vecina León ha ahorrado cerca de 8 millones de euros al recuperar la titularidad pública de la limpieza viaria y recogida de basuras.

Con todo, la decisión del TARCYL es motivo de alegría para el colectivo vecinal ya que "podría significar la anulación del contrato y volver a empezar el proceso de adjudicación", asegura Bouzas a Vozpópuli. “La gente cada vez está más concienciada de que lo mejor es la municipalización”.