El PP considera que hay razones "más que sobradas" para que el Gobierno proponga el cese del fiscal feneral del Estado, Álvaro García Ortiz. En primer lugar, porque sus actuaciones, desde su mismo nombramiento el 1 de agosto de 2022, siempre han estado "rodeadas de polémica", lo que "daña la imagen de la institución" a ojos del principal partido de la oposición. Y, segundo, porque ha incumplido sus funciones "de forma grave y reiterada" con una "intolerable conducta" en el desempeño de su cargo.
Son los principales motivos esgrimidos en la moción registrada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, presentada la semana pasada y que se enmarca dentro de la "ofensiva" –avanzan fuentes parlamentarias en conversación con este periódico– emprendida contra García Ortiz, entre otros motivos, por la posición "sectaria" y "de apoyo" al PSOE que el PP le achaca por dar la "instrucción" de actuar contra Isabel Díaz Ayuso. Fue el propio fiscal general quien, el pasado 15 de abril, asumió "la responsabilidad última de esa nota de prensa", la enviada a la la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid con datos confidenciales de la pareja de la presidenta madrileña, revelada por El Mundo.
Por todo ello, el PP solicita al Ejecutivo que lo destituya de "forma inmediata" y que "designe un nuevo Fiscal General del Estado que cumpla con los requisitos legales para su elección" y que posea la "idoneidad", "imparcialidad", "competencia profesional" e "independencia" necesarias para el cargo. En definitiva, el principal partido de la oposición hará valer su mayoría absoluta en la Cámara Alta y aprobará sin problemas una moción durísima contra el fiscal general del Estado.
"Una verdadera regeneración democrática debe pasar por mayor separación e independencia entre los poderes del Estado", defiende Alicia García, portavoz popular en la Cámara Alta. "Si Sánchez quiere ser creíble lo primero que tiene que hacer es cesar al Fiscal General. Muchas han sido las ocasiones en las que se ha puesto al servicio del Gobierno y no de los españoles, como cuando impidió al Consejo Fiscal elaborar un informe para el Senado sobre la amnistía", denuncia la portavoz. "El Fiscal General del Estado no puede seguir al frente de una institución tan importante ni un segundo más", zanja.
El documento, además, emplaza a su debate para el próximo Pleno. En el mismo, el PP apunta que los propios fiscales han pedido al Gobierno que se anule su nombramiento por su condena por desviación de poder y "su apoyo descarado" al Gobierno de Pedro Sánchez. El Grupo Parlamentario Popular considera que son "escándalos que dañan la imagen de una más de nuestras instituciones" y recuerda que "su nombramiento no obtuvo el apoyo del Consejo General del Poder Judicial". Fue el propio CGPJ quien emitió un informe desfavorable a la decisión en un movimiento sin precedentes.
La moción se ha registrado días después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo archivase la querella del PP contra el jurista salmantino por presunta prevaricación, ya que una de sus primeras decisiones como fiscal general fue el nombramiento de su predecesora en el cargo y exsuperior jerárquica, Dolores Delgado, como fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo. Un nombramiento que anuló el Alto Tribunal por apreciar "desviación de poder".
La moción es "consecuencia", reconocen las fuentes parlamentarias populares consultadas, de la escaramuza parlamentaria entre el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la senadora popular Pepa Pardo, el pasado 23 de abril en el Senado, justo un día antes de que el PP registrara la moción desgranada. "En cualquier país democrático habría dimitido de manera inmediata y si no se le habría cesado", censuró la senadora gallega en una interpelación donde también denunció las acusaciones de lawfare por parte del Gobierno al Poder Judicial. "Los señalamientos con nombres y apellidos de jueces y fiscales del procés, no solo por sus socios independentistas, sino por miembros de su propio Gobierno", dijo al hilo del asunto.
Un posicionamiento también respondido por el propio Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, quien propuso el pasado martes frente a sus diputados y senadores, reunidos en la Sala Constitucional del Senado, directamente "prohibir" dichas acusaciones de lawfare por parte de los representantes públicos dentro de su plan de regeneración democrática.
Álvaro García Ortiz, la mano derecha de Dolores Delgado
Una etapa en la que fue uno de los hombres de máxima confianza de Dolores Delgado, la fiscal general del Estado desde 2020 y hasta su nombramiento que, antes, había sido ministra de Justicia en el mismo en el primer y segundo gabinete de ministros formado por Pedro Sánchez.
joluisma
El problema de los "gallegos" en general, es que como no saben si suben ó bajan, cuando se dan cuenta ya pasó "el tranvía". Apunto eh, pero FEIJOO, no debería de coger otros 5 días como el SANCHEZ, en SANXENSO, COGIENDO MEJILLONES EN LAS BATEAS.
Birmania
El Gobierno jamás cesará al Fiscal general porque es el abogado defensor de Sánchez pagado por todos nosotros. La imagen que pueda dar la Fiscalía a Sáchez se la refanfinfla. Le importa un rábano la Fiscalía, la Justicia, el Congreso, el Senado, la Monarquía, a Sánchez solo le interesa Sánchez y le da igual la imagen que el mundo tenga de él mientras él pueda vivir como un parásito de lujo.
Situ
Y porque no le denuncia ante el TSJ está claro que este impresentable de FGE prevarica
Oberheim
Tiene el título de Fiscal General del estado pero ejerce de abogado defensor de Sánchez.
Stephen Dedalus
Como todo en el PP, será una ofensiva de la srta. Pepis.