El primer mes de Illa agranda la brecha entre el PSC y el constitucionalismo por el cupo y la marginación del español

El constitucionalismo político y civil catalán no ha digerido bien los primeros pasos del Ejecutivo de Illa. A punto de cumplirse un mes de su toma de posesión, el nuevo president se ha granjeado duros reproches por parte del PP catalán y de asociaciones constitucionalistas como Sociedad Civil Catalana (SCC), Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) o Impulso Ciudadano. Su malestar obedece, fundamentalmente, a dos motivos: el cupo fiscal pactado con ERC a cambio de su respaldo a la investidura y las nuevas directrices lingüísticas adoptadas por el nuevo Govern. 

Este divorcio entre socialistas y constitucionalistas quedó patente ayer durante el primer pleno de la legislatura. Allí, el líder del PP catalán, Alejandro Fernández denunció que Illa ha “asumido el programa entero de ERC”, y le recriminó haber “claudicado, achantado y rendido, e incluso renegado lo que usted defendía hace unos meses y que le llevó a participar en manifestaciones de Societat Civil Catalana”. Y es que, en los círculos no nacionalistas catalanes aún se recuerda que, si bien Miquel Iceta solo participó en la segunda de las marchas contra el procés de 2017 —una vez constató el éxito de la primera—, Illa acudió a ambas.

Por su parte, las citadas asociaciones han censurado esta semana el rumbo lingüístico emprendido por el Govern, que entienden continuista con el del nacionalismo. La AEB, presidida por Ana Losada, e impulsora de la batalla judicial por el 25% de castellano en las aulas catalanas, lamentó el pasado lunes las declaraciones de la nueva consejera de Educación del PSC, Esther Niubó, que rechazó cumplir las sentencias del 25% y juzgó que solo el catalán era la lengua “vehicular” y “propia” de Cataluña. “Si encuentran alguna diferencia entre una consellera de Educación de ERC y una del PSC, por favor, avísennos. Nosotros no somos capaces de verlas”, manifestó la AEB en X.

Solo un día más tarde, la publicación de un informe de la recién creada consejería de Política Lingüística agravó la situación. En el documento, su responsable, Francesc Xavier Vila —que ocupaba un cargo similar en el Ejecutivo de Aragonés—, recomendaba a los catalanes castellanohablantes superar la “comodidad del monolingüismo" y ser conscientes de los privilegios de hablar “una lengua de Estado hegemónica”. 

“Debería sorprendernos que el poder público se crea legitimado para decirnos qué lengua hemos de usar los ciudadanos en nuestra vida privada y familiar”, replicó Rafael Arenas, vicepresidente de Impulso Ciudadano. Por su parte, la presidenta de SCC, Elda Mata, recordó en El Mundo que es “responsabilidad” de Salvador Illa “salvaguardar la igualdad” entre ciudadanos al margen de su idioma cooficial. 

El descontento constitucionalista ser produce tras algunos gestos iniciales del president valorados positivamente, como la incorporación de la bandera española en el Palau de la Generalitat o la normalización del trato con el Rey Felipe VI —al que Illa saludó oficialmente ena celebración de la Copa América—.