"El último dato que tenemos en el ministerio sobre el acoso escolar es del 4% que aparece en el informe del Observatorio de la Convivencia Escolar de 2010". Esta es la respuesta a Vozpópuli del Ministerio de Educación que dirige Íñigo Méndez de Vigo sobre los datos que manejan a propósito de la violencia entre iguales. Una única cifra y con cierta solera que se desprende del Estudio Estatal sobre la Convivencia Escolar en la Educación Secundaria Obligatoria dirigido por María José Díaz-Aguado Jalón y editado en 2010.
En siete años no ha dado tiempo a actualizar los datos y el único movimiento reseñable del nuevo Gobierno ha sido "abrir un teléfono de ayuda” que empezó a dar señal el pasado mes de noviembre. En este sentido y, una vez que han dejado de estar en funciones, desde Educación se han propuesto como proyecto de año nuevo y de legislatura nueva, "revisar los protocolos de actuación de cada comunidad autónoma" y, en última instancia, "diseñar uno a nivel nacional".
Éste es el único atisbo de armonizar criterios, a pesar de que desde las fundaciones que más trabajan por y para la protección de los derechos de los niños como Unicef, Save the Children y la Fundación de Ayuda a los Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR) reclaman, como explica la directora del Teléfono ANAR Leticia Mata, "aprobar una Ley Integral de Violencia hacia la Infancia. Una ley que establezca medidas preventivas, que cuente con una jurisdicción específica para trabajar los delitos cuando las víctimas son menores de edad, que establezcan pautas básicas de actuación y que permita trabajar en coordinación". Mata denuncia, además, que no existe un protocolo básico y que "solo algunas comunidades autónomas tienen uno”.
En concreto, y según consta en la página web del Ministerio, 12 de las 17 autonomías cuenta con "protocolos de actuación e intervención ante situaciones de acoso escolar". No constan Baleares, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Asturias además de Ceuta y Melilla.
Aunque la lista esté incompleta, este surtido de protocolos se debe al modelo de Estado que fija la Constitución y, con ello, la transferencia de competencias a las comunidades autónomas de materias como educación y, por consiguiente, lo concerniente a la protección de menores Quedan excluidas Ceuta y Melilla que dependen del Ministerio de Educación en esta cuestión. De este modo, hay 17 formas de entender el acoso, 17 formas de contabilizarlo y, de momento, 12 formas de atajarlo y tratarlo.
Los mecanismos para brindar ayuda vía telefónica tampoco escapan a la multiplicidad, lo que demuestra que no hay una conciencia global del problema. En Europa, rige un mismo número de teléfono de atención a la infancia creado por la Comisión Europea, el 116 111. En España, además de éste, operan otros tantos gracias, entre otras cosas, a la transferencia de competencias.
Hay hasta cuatro números distintos para un mismo problema. Al teléfono de ayuda a los niños y adolescentes de ANAR, (el 900 20 20 10 que cumplirá 24 años en febrero), se suma el 116 111 europeo, el que ha creado cada comunidad autónoma, (a excepción de Andalucía, Cataluña, Galicia y País Vasco, el resto lo tienen transferido a ANAR) y, en última instancia, el teléfono de nuevo cuño del Ministerio, el 900 018 018.
De hecho, uno de los grandes problemas es la falta de coordinación entre las regiones y el Estado. Leticia Mata considera que "las Comunidades Autónomas, al ser quienes tienen transferidas las competencias, son las que tienen que hablar y las que tienen que dar datos. La directora del teléfono ANAR asegura que desconocen cuánta violencia hay en España. "Si no hay datos, no conocemos la realidad y no se pueden tomar medidas adecuadas", admite.
Este diario se ha puesto en contacto con las diferentes consejerías, conselleries y departamentos de educación de todas las Comunidades Autónomas y las respuestas obtenidas han sido de lo más variopintas. Por ejemplo, Galicia afirmar no tener datos de acoso, el País Vasco solamente tiene cifras para el año escolar 2014-2015, mientras que la Comunidad Valenciana y Murcia tienen los datos actualizados al último curso académico 2015-2016.
A enero 2017 la única cifra oficial sobre el acoso es de un 4% que se deduce de un informe de 2010. A esta falta de datos oficiales, Thomas Ubrich co-autor de Yo a eso no juego, añade "la escasez de estudios. Para nosotros, los tres de referencia en esta temática son el Informe Cisneros de los profesores Oñate y Piñuel de 2007, muy polémico por redimensionar la realidad; el Informe del Defensor del Pueblo de 2007; y el del Centro Reina Sofía sobre el estudio de la violencia que data del 2005". Investigaciones que, además de estar absoletos, "utilizan conceptos que no son comparables, distintos universos de referencia y diferentes definiciones de acoso".
Por este motivo, Save the Children vio "necesario actualizar y sobre todo mejorar la metodología para darle el enfoque de infancia y de derechos de infancia". Yo a eso no juego, publicado en febrero de 2016, refleja el trabajo de campo realizado a cerca de 21.500 adolescentes de entre primero y cuarto de la ESO entre septiembre 2014 y junio 2015.Junto a este estudio, el informe de la Fundación ANAR de 2016, cuyos resultados se extraen de los casos que atienden en el teléfono de ayuda a menores.
En ambos casos, las cifras distan bastante de las que expone el Ministerio. Según Save the Children, en 2015 un 9,3% de los estudiantes de ESO eran víctimas de acoso, un 6,9% de ciberacoso y un 3,7% sufrían ambos tipos de violencia. Por su parte, ANAR, cuantifica en 573 los casos atendidos y contrastados de acoso escolar ese mismo año, lo que supone un incremento del 272% desde 2009.
Cifras que demandan una acción y una respuesta común, pues como dice Thomas Ubrich "no solo por la cantidad de casos que ocurren, si no por el daño que suponen a las víctimas y su entorno" que como matiza Leticia Mata, "a veces, esas consecuencias del acoso escolar son fatídicas, pues los niños acaban suicidándose porque sueñan con quitarse de en medio".
