La nueva 'vía Nanclares', el plan ideado por el Gobierno para incentivar la reinserción de los presos de ETA, puede tener en breve un invitado no esperado. Rafá Zouhier, el ciudadano marroquí que fue condenado a 10 años de cárcel por colaboración con organización terrorista al intermediar en la venta del explosivo entre la célula islamista que cometió la masacre del 11-M y el ex minero asturiano Emilio Suárez Trashorra, tiene previsto solicitar su inclusión en dicho programa, según confirmó ayer a Vozpópuli el abogado que ejerce su defensa, Antonio Alberca. La pretensión de Zouhier es conseguir, a corto plazo, el traslado desde la cárcel gaditana de Puerto I donde se encuentra actualmente recluido hasta uno de los siete centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid, que es donde vive su familia y la joven con la que en breve pretende casarse.
Su abogado cree que Zouhier debe entrar en el plan porque ha cumplido 3/4 partes de la pena y pidió perdón a las víctimas
Siempre según su abogado, el condenado por el 11-M cumple los requisitos fijados hace un mes por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para acogerse al bautizado como 'Programa para el desarrollo de la política penitenciaria de reinserción individual en el marco de la ley". Aunque claramente destinado a los presos etarras, dicho plan incluía expresamente la posibilidad de que presos de otras organizaciones terroristas e, incluso, del crimen organizado pudieran apuntarse a él. En concreto, Antonio Alberca destaca que su defendido ya ha cumplido 3/4 partes de su pena (termina de hacerlo por completo el 19 de marzo de 2014), no tiene supuestamente ninguna vinculación con grupos islamistas y pidió perdón a las víctimas. "Además, no pesa sobre él ninguna otra condena ni responsabilidad civil a la que hacer frente", recalca. En otros dos sumarios en los que estuvo encausado -uno por tráfico de hachís y otro por el asalto a un joyería en Asturias-, resultó absuelto o el juzgado declaró prescrito delito.
Un plan con dos fases
El nuevo plan de reinserción, aún no puesto en marcha, contempla para los presos que se acojan al mismo dos fases claramente diferenciadas. La primera, el acercamiento a prisiones próximas al domicilio del recluso para que asista a determinados talleres bautizados como "aulas de conviviencia". Para acceder a ella sólo será necesario que el reo demuestre que se ha desligado del grupo armado al que pertenecía y su rechazo a cualquier forma de terrorismo de forma “clara, solemne y pública”, según detalló en su día el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Para acceder a la segunda fase, en la que los reos que hubiera superado la primera podrían obtener ya beneficios penitenciarios como permisos, terceros grados y libertades condicionales, el Gobierno mantiene los requisitos fijados por la ley, entre ellos pedir perdón a las víctimas directas de los hechos que motivaron su condena o a los familiares de éstas.
Fuentes jurídicas ponen en duda, sin embargo, que Rafá Zouhier pueda finalmente acogerse al nuevo programa de resinserción ni siquiera en su primera fase, la que permite el acercamiento de los presos a las cárcel si reniega de su actividad terrorista. En este sentido, estas mismas fuentes apuntan que durante los más de ocho años que lleva encarcelado ha sufrido presuntamente una radicalización en su posiciones religiosas que van, precisamente, en sentido contrario de lo que marca el plan. Sin embargo, su abogado niega este hecho: "Es verdad que ahora observa los preceptos del islam y cuando ocurrieron los hechos no lo hacía, pero eso no significa, ni mucho menos, que sea un musulmán radical. Al contrario, ha estudiado para ingresar en la universidad y ya no es aquel veinteañero [tenía 24 años cuando fue detenido] que hacía las cosas sin pensar cuando se vio involucrado en la preparación de los atentados".
Petición de expulsión de España
Otro obstáculo que surge en el camino es la petición presentada recientemente ante la Audiencia Nacional por Gonzalo Boyé, abogado de una de las víctimas del 11-M, para que el preso marroquí sea expulsado a su país de origen antes de que termine de cumplir la condena. Según el escrito presentado por este letrado ante el tribunal que lo juzgó, el Código Penal permite, una vez que hayan cumplido 3/4 partes de su condena, deportar a los reos extranjeros que no residan legalmente en España, y Zouhier no pudo renovar su permiso de residencia y trabajo en 2005 al estar ya preso por los atentados. "La permanencia de Zouhier en territorio nacional sólo servirá para agravar el sufrimiento de las víctimas de los atentados del 11-M", destaca en su escrito el abogado.
Este escrito también es rebatido por el abogado defensor del recluso, que insiste en que la familia de Zouhier vive en Madrid y que éste llegó a nuestro país cuando era sólo un adolescente. Además, destaca, el preso tiene planes para casarse en breve con una joven de nacionalidad española, como desveló el pasado lunes la revista Interviú que apuntaba a que dicho matrimonio era, en realidad, una supuesta maniobra del recluso para evitar precisamente la expulsión. "Tiene un fuerte arraigo con España. Devolverlo a Marruecos sería un injusticia", insiste Alberca.
A la espera de que el plan se ponga en marcha y pueda intentar sumarse a él, Zouhier consume los días de su condena en régimen de aislamiento en la prisión de Puerto I, uno de los penales que acoge a los presos catalogados como muy peligrosos, entre ellos, los considerados irreductibles de ETA, aquellos que, precisamente, se oponen a la 'vía Nanclares'.
