La Guardia Civil y la Agencia Tributaria desarticularon una compleja organización de fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos con capacidad para la distribución de gasóleo modificado por todo el territorio nacional.
Según informó este viernes el Ministerio del Interior en un comunicado, la investigación de más de un año, bajo el nombre de operación Casinos-Brulajo, permitió la detención de 22 personas de nacionalidades española, polaca, ucraniana, georgiana y argelina. Del mismo modo se investigó a otras 200 personas, físicas y jurídicas, en España y en varios países europeos por presunto delito fiscal, de blanqueo de capitales y de pertenencia a organización criminal.
La trama contaba con una completa cadena de distribución, que incluía el aprovisionamiento desde Europa del Este, el almacenamiento en España, las empresas de transporte y la red de distribución final al consumidor. Dirigida desde países de Europa del Este y con responsables a lo largo de toda la costa mediterránea, la organización se estructuraba en células independientes para que unas pudiesen seguir funcionando si otras eran detectadas.
Embargo de más de 130.000 litros de gasóleo modificado
Durante la fase de explotación de la operación se registraron cuatro ‘gasocentros’, tres son en Valencia, concretamente en las localidades de Xativa, Paterna y Silla y otro en Murcia, todos ellos clandestinos, quedando desarticulados tras la operación. Se procedió al embargo de más de 130.000 litros de gasóleo modificado, 1.800.000 euros en cuentas bancarias nacionales y extranjeras, 45.000 en efectivo, 14 camiones para la distribución, tres vehículos de alta gama, 19 terminales móviles, 12 ordenadores y diez inmuebles.
El beneficio fiscal de esta actividad era doble: por un lado, el impago del Impuesto Especial de Hidrocarburos, gracias a la adulteración del producto; por otro, la falta de ingreso a la Hacienda pública del IVA que repercutían a sus clientes. Además del daño causado por el fraude fiscal, estimado en 50 millones de euros, la actuación de la trama ocasionaba un perjuicio para la libre competencia y un fraude al consumidor final.
Todo ello se realizaba a través de una estructura empresarial que incluía gran número de sociedades instrumentales y de testaferros. La red disponía, además, de diferentes centros de almacenamiento y distribución para toda España.
