Cuando los profesores no ven lo que está pasando, corren como la pólvora los motes, las burlas, los insultos, las collejas, los puñetazos y las patadas. El recreo, los pasillos o los baños son los puntos negros del acoso escolar. Y a veces no hay ojos suficientes para vigilar todos los rincones del centro ni tampoco para controlar las redes sociales o para evaluar los daños psicológicos que padecen las víctimas.
Ante un caso de acoso, el centro educativo está obligado tomar medidas con la mayor celeridad posible. En el caso de la educación pública madrileña, dos profesores -que no tienen relación con los implicados- redactan un informe que la dirección del centro evalúa junto al departamento de orientación y la jefatura de estudios. “En menos de una semana tenemos que investigar el caso, evaluar si es veraz y adoptar las medidas oportunas”, explica una jefa de estudios de un Instituto público de Educación Secundaria del este de la capital.
Ante la dificultad de demostrar que en realidad se produce el acoso, “ponemos a profesores a seguir de manera discreta a los alumnos sospechosos, para corroborar la versión del acosado”, comenta. Una vez que se comprueba que existe un caso, se adoptan medidas provisionales contra el alumno acosador, para garantizar la seguridad de la víctima: desde un cambio de grupo hasta la expulsión del centro durante días. También se comunica la situación tanto a las familias de los implicados como a la inspección educativa.
Miguel García (20 años) asegura que sufrió acoso en los tres primeros cursos de la ESO. Tras dos años de insultos por su aspecto físico, decidió contarlo. La jefatura de estudios del centro estimó, tras realizar la investigación que sólo "quería protagonismo y que no estaba sufriendo nada". Miguel considera que los docentes sólo intervienen cuando hay agresiones físicas y no cuando se produce acoso psicológico.
Lo cierto es que de todos los pasos que se van dando, debe quedar constancia por escrito. En caso de alumnos mayores de 14 años, si los hechos son suficientemente graves, se ponen en conocimiento de la Fiscalía de Menores. Y en caso de que sean menores de esta edad, se comunica la situación a los servicios sociales. Posteriormente, la comisión de convivencia del centro evalúa la eficacia de las medidas adoptadas.
La práctica en los centros privados y concertados es muy similar. "Establecemos plazos muy precisos y muy breves para que el departamento de Orientación haga la investigación y desarrolle un veredicto preliminar", explica Luis Martínez-Abarca, director del Colegio CEU San Pablo Sanchinarro. "Después, la información se manda a la inspección educativa y cuando la situación adquiere una gravedad mayor, está prevista la información a la Fiscalía de Menores", añade.
Planes de prevención
Pero la diferencia entre los centros está en tomar medidas preventivas para adelantarse a los hechos. El programa de Alumnos Ayudantes, desarrollado por el grupo de investigación pedagógico de la Universidad de Alcalá que dirige Juan Carlos Torrego, persigue la mejora de la convivencia con la participación de los propios estudiantes en las tareas de detección y mediación.
Pero no se trata de un programa de alumnos chivatos. "Crear grupos de alumnos que ayudan, que son conocidos en el centro por su capacidad para mostrarse solidarios y para preocuparse por los chavales que peor lo pasan crea una dinámica fantástica, que hace que vaya creciendo una red de protección de las buenas prácticas en materia de convivencia", explica el psicólogo José Antonio Luengo. Más de un centenar de centros públicos y privados de toda España ya se ha dotado de esta herramienta.
El referente finlandés es el método KiVa, implantado en el país nórdico desde 2007, y que ya está presente en casi el 90% de sus escuelas. Tras décadas de fracasos en el intento por reducir el acoso, el Gobierno encargó el diseño del programa a un grupo de investigadores de la Universidad de Turku. La fórmula de su éxito se basa en romper la ley del silencio que rodea al problema. No sólo de la víctima sino del resto de compañeros. Los alumnos aprenden en una veintena lecciones a lo largo de las etapas escolares (7, 10 y 13 años) cómo detectar los casos y cómo dar su apoyo al alumno acosado. El proyecto se está extendiendo ya a países como Reino Unido, Francia, Bélgica, Italia, Suecia, Estados Unidos o incluso España. Este enero lo han implantado 52 ikastolas de Navarra y del País Vasco.
"En lugar de normalizar la situación del acoso, hay que convertir al grupo en garante de las buenas prácticas"
"En contra de lo que en principio se pensaba, los malos tratos de palabra que inician el proceso, se dan sobre todo en los primeros cursos de Primaria. Niños con ocho años normalizan estos malos tratos y acaban siendo victimizados por el grupo", resalta Martínez-Abarca. En su centro han implantado el programa AVE, una herramienta de prevención del acoso en la que todos los alumnos se comprometen mediante su firma a principio de curso a denunciar las conductas negativas de sus compañeros. "En lugar de normalizar la situación, hay que convertir al grupo en garante de las buenas prácticas", explica el director.
Aunque hay una gran variedad de programas y protocolos de actuación aplicados por los centros y las comunidades autónomas, no existe uno a nivel estatal. "Los protocolos están más basados en la sanción de lo sucedido que en la prevención de lo que puede llegar a suceder. Y es verdad que falta mucha formación. Tanto a los docentes como a los padres y madres”, explican desde la confederación de padres CEAPA.
