Radiotelevisión Española tiene un problema que resulta difícil de resolver sin una medida muy costosa o impopular. Su presupuesto se ha mantenido prácticamente estático en los últimos años, pero su gasto en personal ha aumentado de forma constante. En 2019, su montante fue de 425 millones de euros, es decir, el 6,6% superior que el del año anterior.
Los ingresos de explotación de la corporación fueron durante el año pasado de 989 millones de euros, lo que deja claro el elevado porcentaje de sus costes que supone su gasto en personal (43%), que trató de ser contenido hace un lustro con un plan de ahorro, pero que, desde entonces, ha aumentado en varias decenas de millones de euros.
Del total de gastos de plantilla, 327 millones de euros se correspondieron con el pago de sueldos (+18,6 millones) y 97,8 millones con el abono de cargas sociales (+8,58 millones).
Para hacerse una idea de la diferencia entre RTVE y los grupos privados de televisión -que no imputan como gastos de personal los de los trabajadores de productoras-, cabe señalar que Mediaset registró costes laborales por 89,5 millones de euros en 2019, mientras que Atresmedia, por 49,5.
Un año complejo
Hay que tener en cuenta que RTVE afrontó el ejercicio 2019 con el presupuesto prorrogado de 2018, lo que obligó a sus directivos a trazar un plan de ahorro que no logró evitar el déficit, que fue de 29,6 millones de euros. El gasto en personal no aumentó tanto por las nuevas contrataciones como por el crecimiento vegetativo de la plantilla, que encareció los costes, tal y como señalan fuentes internas.
RTVE está actualmente conformada por 169 directivos, 1.016 administrativos, 682 eventuales y 4.684 trabajadores etiquetados como “personal técnico”. En total, son 6.542 personas las que se emplean en la corporación, es decir, 84 más que a finales de 2018.
No hay que olvidar que, en 2006, se planteó un Expediente de Regulación de Empleo para reducir plantilla y costes laborales. El Tribunal de Cuentas ha señalado varias irregularidades sobre la forma en la que se planteó esta medida, que ha costado más de 1.700 millones de euros al erario público y ha derivado en una elevada conflictividad judicial. Los últimos prejubilados abandonarán el ERE durante 2021.
En las últimas semanas, el Ministerio de Hacienda ha tenido retenido el nuevo convenio colectivo de la corporación, tal y como adelantó este periódico. La causa era cerciorarse de que el nuevo texto se ajustaba a la ley de presupuestos, entre otras cosas, porque tenía algunas partidas -como un plan de bajas- que podrían disparar el gasto en personal.
Según apuntó Dircomfidencial, el documento ha sido desbloqueado. En el mismo, según fuentes sindicales, la empresa se compromete a cubrir las salidas de personal con la convocatoria de diferentes procesos de oposición en los próximos años. También a abonar una compensación de 50.000 euros a quienes se prejubilen a los 63 años.
Estos informantes inciden en que esto conllevará una reducción de costes en los siguientes ejercicios, dado que 'los que entren ganarán menos que los que se vayan'. Ahora bien, no está previsto que aminore el volumen de la plantilla.
