El pasado 18 de septiembre, la Asamblea de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) terminó como el rosario de la aurora por discrepancias internas sobre la estrategia jurídica a seguir. Las desavenencias son tales que el actual presidente, Pedro González, decidió prescindir de los abogados que hasta ahora habían prestado sus servicios, López Rodó & Cruz Ferrer (LR&CF).
El presidente de Afem no sólo duda de su capacidad técnica, sino de su lealtad. En definitiva, sospecha que en el fondo trabajan para la Comunidad de Madrid. De hecho, muestra públicamente su malestar por el hecho de que la querella se presentara sin haberla podido revisar antes. “Tras una muy tensa reunión de la junta directiva decidimos darle viabilidad a pesar de no estar redactada en los términos que queríamos”, señala González, quien explica que ese 31 de julio decidieron buscar otros abogados.
El despacho les exigió comunicar por burofax la suspensión de la relación y así lo hicieron el pasado 31 de agosto. “Lucharemos por la honorabilidad del colectivo Afem incluso con medidas legales contra los abogados”, señaló González. Aplausos en una asamblea que exigía que los abogados devolvieran los 108.900 euros cobrados de los 190.000 recaudados. “Nos encontramos en fase de negociación del finiquito para decidir qué parte debemos pagarles todavía o incluso nos pudieran deber”, explica en una transparencia.
Enfrente, Pedro de la Oliva. Tras dedicar palabras versallescas al presidente de Afem, censura que el cambio de abogados se decidiera sin contar con el criterio de la asamblea. Además, desmiente que el primer abogado, Rafael Mateo (LRCF), no tuviera experiencia en derecho penal. “Gracias a esa querella los trabajadores de seis hospitales están trabajando”. No sólo eso, sino que explica que la querella permite acceder a datos de la Administración que pueden ser muy útiles en el procedimiento contencioso-administrativo.
González responde con el mismo tono versallesco, pero le recuerda a Oliva que la contratación de los primeros abogados se hizo por la junta directiva -de la que Oliva forma parte- sin contar con la asamblea. También le agradece su trabajo en el informe de inconstitucionalidad, “pero también ahí fueron muchas personas las que contribuyeron al éxito de dicho informe”.
Por lo demás, González se pone poético: “Hemos cambiado la historia de este país y es gracias a vosotros”. Tono de satisfacción tras la tercera suspensión cautelar de la privatización: “En estos momentos la consejería no puede defenderse del embrollo donde andan metidos”.
Oliva comparte el entusiasmo. “La sociedad ha demostrado que con la ayuda de la justicia podemos doblegar a los políticos; podemos creer en el sistema judicial”. Entusiasmo asambleario. Y aprovechando la euforia, pulla: “Nos apeamos del caballo ganador cuando va ganando. Además, los jueces se sienten inseguros ante el cambio de abogados porque despierta sospechas. Por otro lado se disuelven los grupos de trabajo multidisciplinar de LRCF. Y era precisamente lo que le faltaba a Lasquetty: tenía a los mejores abogados pero le faltó lo más importante: los médicos”. Oliva muestra su desconfianza con el nuevo equipo de abogados por ser nuevo y con menor experiencia. “Pondrán en peligro las querellas” concluye.
El partido quedó en tablas. La división, patente. “No podemos ofrecer a Lasquetty el cadáver de Afem”, reconocen todos. Y es que tanto la Administración como el personal sanitario saben que más allá del sindicato de médicos AMYT, quien se ha movido con eficacia y eficiencia contra la privatización, ha sido Afem a pesar de no estar en la mesa sectorial. O quizás por eso. ¿El futuro? La Justicia dirá.
