La investigación abierta a Iberdrola por contratar los servicios de José Manuel Villarejo contará con una nueva declaración de la que fuera su firma de seguridad. El magistrado al frente de esta macrocausa de espionaje, Manuel García Castellón, ha citado a declarar en calidad de testigos a Antonio Holguín y Francisco Javier García Saldaña. Los fundadores de la extinta Casesa están llamados para el próximo 6 de julio a tenor de los servicios que prestaron a la multinacional vasca y tras la acusación que efectuó el exdirectivo José Antonio del Olmo acerca de que la firma participó en un sistema de triangulación de facturas para pagar de forma encubierta al comisario jubilado.
Se trata de una diligencia que se acuerda en un momento especialmente delicado dentro de esta pieza decimoséptima del caso Tándem ya que los investigadores siguen con la vista puesta en la cúpula de la empresa en aras a esclarecer de dónde salieron las órdenes para contratar al espía mientras éste estaba en activo en la Policía Nacional. En la providencia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el instructor cita a los dos empresarios para que expliquen cuáles fueron los servicios prestados entonces y si es cierto que mediaron para camuflar los pagos del primer proyecto de espionaje encargado al Grupo Cenyt en 2004.
Los empresarios ya declararon en sede judicial en marzo de 2020, cuando las diligencias todavía se encontraban bajo secreto de sumario. Entonces tanto Saldaña como Holguín ratificaron los servicios prestados por Castellana de Seguridad, respaldaron la gestión de Ignacio Sánchez Galán y negaron cualquier vínculo con el agente de inteligencia. Según explicaron, su cometido se ciñó principalmente en garantizar la seguridad en el traslado de directivos a Bilbao donde se celebró en 2003 la Junta General de Accionistas. Igualmente también se refirieron a actuaciones en el extranjero.
"Actividades anómalas"
No obstante, el momento procesal es completamente diferente al de hace 15 meses y ello porque su nueva comparecencia se produce tras levantarse el secreto de sumario y después de incorporar nuevas fuentes de prueba que apuntan al exdirectivo Fernando Becker; al director general de negocios, Francisco Martínez Córcoles, y al propio Galán. La implicación en la causa de Casesa se produce a tenor del informe que elaboró el entonces director de Funciones Corporativas, José Antonio del Olmo, en el que advirtió de "actividades anómalas" realizadas por el departamento de Seguridad de la vasca que implicaban a su entonces proveedora de seguridad.
"El trabajo a realizar es únicamente conocido por I.S Galán, F Mtz Córcoles, Fernando Becker y Antonio Asenjo y es totalmente confidencial (...). Las facturas pagadas a Casesa no son por servicios prestados por esta sociedad sino que son pagos a un tercero a quien Iberdrola no puede pagar directamente", recoge el documento de Del Olmo que se plasmó ante notario y que la eléctrica no reconoce. Tras estas revelaciones, se requirió a la firma las facturas que se giraron en 2004. De acuerdo con las mismas, se prestaron servicios de "asesoramiento estratégico" para la seguridad de las instalaciones en Bolivia, Chile, México o Guatemala, para la presentación de resultados del primer trimestre y otros servicios de contravigilancias.
Facturas giradas a Cenyt
Iberdrola apuntó en su investigación interna que Casesa había subcontratado la ejecución de determinados trabajos, que las facturas se encontraban en sus registros contables y que el informe de Del Olmo presentaba "demasiadas incongruencias". Sin embargo, Anticorrupción recurrió a las bases de datos de la Agencia Tributaria según las cuáles en el ejercicio de 2004 Casesa facturó servicios al entramado empresarial de Villarejo. En concreto, destaca una factura de 256.360 euros girada a Cenyt y otra por importe de 81.200 a Cenyt Data. Con esta documental en la mesa, el Ministerio Público solicitó una batería de diligencias para que aclarasen la verdadera naturaleza de estos pagos.
A todo ello hay que sumar las declaraciones en sede judicial de tres directivos de la empresa -entre ellos el que fuera número dos José Luis San Pedro- en las que de nuevo negaron lo plasmado en el informe de Del Olmo y desligaron a Sánchez Galán de las gestiones del departamento de Seguridad. Igualmente defendieron los pagos al entramado de Villarejo que ascendieron a 1,1 millones de euros por trabajos que se realizaron de manera interrumpida entre los años 2004 y 2007 y descartaron presiones a Del Olmo para que desacreditara su propio informe, tal y como él mismo denunció en sede judicial antes de ser imputado por estos hechos.
La causa ha ido avanzando a la espera de que Asuntos Internos terminara de analizar parte del material incautado a Villarejo. En los últimos meses los investigadores han evitado pronunciarse sobre una citación como testigo de Becker y se han negado a que Florentino Pérez perdiera su condición de perjudicado en esta pieza, a expensas de estudiar las conclusiones policiales. En su oficio, incorporado a la causa hace apenas unas semanas, obran audios entre el comisario y el que fuera jefe de seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, en las que éste primero se refiere a Sánchez Galán como "don Ignacio" o "señorito". No obstante, Asenjo le desligó apuntando que tampoco estaba al tanto de los pagos por estos servicios.
