Del Tribunal Supremo al Constitucional y con la vista puesta en Estrasburgo. La sentencia del procés ha sido el pistoletazo de salida para los líderes independentistas que, desde antes de que arrancara el juicio, habían advertido de que recurrirían la decisión. Ya en el segundo aniversario del referéndum del 1-0, el secesionismo catalán llamó a la "desobediencia civil pacífica" y el Govern se comprometió a avanzar "sin excusas" hacia la "república catalana". Ahora, los condenados podrán presentar un recurso de amparo ante el máximo intérprete de la Constitución.
Según la ley, las defensas pueden presentar el recurso si consideran que se han vulnerado los derechos fundamentales de sus clientes. Un juez será el encargado de pedir a los letrados del Constitucional que redacten un informe sobre si el recurso debe o no ser admitido. El dictamen no es vinculante, ya que es decisión del magistrado si da el visto bueno a la petición. Fuentes jurídicas consultadas por este diario han recordado que no existen plazos establecidos, pero que el rechazo de un recurso suele tardar cerca de tres meses.
Como ya han adelantado varios de los letrados de los líderes independentistas, el Constitucional es el paso previo para acudir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Una vez que el máximo intérprete de la Constitución comunique su decisión existe un plazo de seis meses para presentar el recurso.
El Tribunal Europeo no juzgará si los hechos del 20-S y del 1-O constituyen un delito de rebelión. Esa tarea corresponde al Supremo. Estrasburgo analizará si en la instrucción de la causa o en el juicio fueron vulnerados derechos fundamentales de los acusados. "En la forma en que está conduciendo el juicio nos está sirviendo en bandeja el recurso a Estrasburgo", aseguró durante la celebración del juicio el abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, en una entrevista al Diario de Mallorca.
El pasado 20 de septiembre, la defensa de Oriol Junqueras, liderada por el abogado Andreu Van den Eynde, avisó de que impugnaría el fallo por "por vulneración de derechos fundamentales" si se hacía público antes de la resolución del caso sobre la inmunidad europarlamentaria en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La defensa reclamó que se suspendiera la sentencia a la espera de Luxemburgo. La Fiscalía se opuso a la petición.
