Carles Puigdemont tiene un nuevo frente judicial abierto después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Gerona haya elevado al Supremo una exposición razonada en la que afirma que existen "indicios de criminalidad" por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental por irregularidades relacionadas con la utilización de fondos de la empresa de aguas de Gerona, Agissa, entre 1998 y 2013, cuando Puigdemont era alcalde de dicha localidad, según publica ‘El Español’.
El Juzgado ha investigado este asunto desde 2016 a raíz de una querella de la CUP referida a la gestión de Agissa, una sociedad mixta participada en un 20% por los ayuntamientos de Gerona, Salt y Sarrià de Ter, mientras que el 80% restante pertenece a la empresa privada Girona S.A., en la que participan Aqualia, Sociedad General de Aguas de Barcelona y Caixabank.
Desvío de fondos
La jueza de Gerona, Elena Román, se refiere en su exposición al desvío de fondos municipales procedentes de un canon extraordinario por agua que se impuso a los ciudadanos (fondos cuya naturaleza legal obligaba a que revirtieran en el propio servicio de suministro de agua, lo que no sucedió) para comprar en plena crisis económica una colección de obras de arte denominada Fons Santos Torroella, valorada en 4,7 millones de euros.
El escrito afirma que, además de vulnerar la normativa reguladora de las haciendas locales, se utilizó un "artificio" para "ocultar" que la adquisición de la colección de arte se hacía con fondos procedentes del canon del agua mientras se reducían drásticamente las inversiones en el mantenimiento de la red de suministro.
Estableció el pago de un canon extraordinario
"Se ideó un artificio que llevó a una merma en el patrimonio del Ayuntamiento en un área tan sensible como el agua", afirma la magistrada.
La exposición razonada, elevada a la Sala Penal a propuesta de la Fiscalía, relata que el Ayuntamiento de Gerona, presidido por Puigdemont, acordó el 11 de marzo de 2013 la prórroga del contrato de prestación del servicio del agua con Agissa sobre la base de un convenio en el que se introdujo el pago de un canon extraordinario.
Corrupción en el Ayuntamiento de Gerona
Mediante dicho canon, los Ayuntamientos de Gerona, Salt y Sarriá de Ter recibieron de Agissa entre abril de 2013 y marzo de 2015 un total de 3.750.000 euros. La Corporación que regía Puigdemont percibió 2.625.000 euros.
El canon fue financiado en su totalidad por la parte privada de Agissa, la empresa Gerona S.A., a cambio de la recepción por ésta de 468.750 euros anuales desde 2013 a 2020.
