El Tribunal Supremo se pronunciará en las próximas semanas sobre la rebaja de las penas por agresión sexual. El alto tribunal estudia ya los recursos interpuestos por abogados de condenados que, con motivo de la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí', piden que se les aplique una reducción de las condenas. Se tratará de la primera vez que se pronuncia la Sala de lo Penal del alto tribunal en relación a este polémico asunto.
Fuentes jurídicas confirman que se prevé dar respuesta a la resolución de los recursos en un plazo de entre dos y cuatro semanas. Esta es una de las vías abiertas ante el alto tribunal en relación a recursos interpuestos por particulares que llegan al Tribunal Supremo tras agotar la vía ordinaria y coincidiendo con la aplicación de esta ley. La otra vía se abrirá a tenor de los pronunciamientos que están efectuando audiencias provinciales y tribunales superiores de Justicia sobre este asunto y que se espera que también termine ante el alto tribunal.
El Gobierno confía en que el alto tribunal siente jurisprudencia sobre todo este asunto en aras a zanjar la crisis política abierta por los efectos de la ley de Irene Montero. Sin embargo las fuentes consultadas precisan que se estudiarán los casos de manera individualizada, por lo que se descarta la adopción de un criterio único para la resolución de los recursos.
La Fiscalía, por su parte, se ha comprometido a revisar los fallos tratando de amparar a las víctimas. Hasta el momento, el Ministerio Fiscal se ha posicionado en algunos casos a favor y en otros en contra de la rebaja de penas. Fuentes fiscales consultadas por este medio avanzaron que han ido resolviendo caso a caso. No obstante, se elaborará una circular para unificar criterio si se considera oportuno.
El fiscal general del Estado, Álvaro García, se ha pronunciado sobre la polémica en un acto celebrado en el Senado y ha dicho que el ente trabajará siempre con vocación de defender a las víctimas. De esta forma se ha referido al goteo de casos en los que se están revisando las condenas a agresores sexuales; un escenario que siempre negaron tanto Irene Montero como altos cargos del Ministerio de Igualdad.
Pendientes del Tribunal Supremo
En todos los que se impusieron las penas máximas se les está bajando la condena por estricta aplicación del cambio legal. Las revisiones, que en algunos casos incluso ha derivado en la orden de excarcelación inmediata, han sido duramente criticadas por el ala más radical del Gobierno, que sostiene que no se está aplicando correctamente la ley del 'solo sí es sí'. En las últimas horas, de hecho, han acusado a los jueces de prevaricar con sus resoluciones y de ser "fachas con toga".
La dureza de las críticas ha provocado la reacción tanto de miembros del propio PSOE como de la carrera judicial, que tilda de "intolerables" estas descalificaciones. El CGPJ así lo denunció este miércoles en un comunicado en el que recordó, además, que en su informe sobre el anteproyecto de ley advirtieron de que la aplicación del nuevo marco legal implicaba una revisión a la baja de las penas en los casos por agresión sexual.
El documento, aprobado por unanimidad en febrero de 2021, avisaba también del efecto retroactivo de esta medida, en tanto el Código Penal establece que ninguna ley se aplica con retroactividad excepto en los casos en los que favorezca al reo. Ese es el escenario que se está produciendo en las revisiones de condenas en toda España en tanto se les impuso a casi todos los agresores, la pena máxima del delito por el que fueron condenados.
Dimisión de Irene Montero
Las asociaciones de jueces -incluida la progresista Juezas y Jueces para la Democracia- reprueban las palabras de Irene Montero y de su equipo en el Ministerio de Igualdad. La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura y Foro Judicial Independiente piden la "inmediata dimisión" de la ministra. La primera de ellas denuncia que la crítica a la actuación de los jueces es "perfectamente admisible" pero que sus acusaciones y descalificaciones son "inadmisibles".
Foro Judicial Independiente, por su parte, habla de reacción "injusta y pueril". "Ha dicho que no cumplimos la Ley quienes, diariamente, no hacemos otra cosa que trabajar para combatir la violencia machista. Por eso, dada la gravedad de las acusaciones vertidas y el infantilismo de tratar de proyectar a otros la responsabilidad por actos propios, entendemos que debe dimitir", rezan.
Los fallos dictados hasta el momento con la rebaja de penas a condenados hacen hincapié en que se ha tenido que revisar debido a la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí'. El motivo reside en que la norma impulsada por el Ministerio de Igualdad no incluía ninguna disposición transitoria que impidiera la aplicación retroactiva de la medida. Por ello, los jueces, ante un cambio legal, se ven obligados a imponer la condena que más beneficie al reo.
Hasta la fecha se han rebajado al menos ocho penas (en Madrid, Galicia, Murcia, Aragón o Baleares), mientras que la Audiencia Provincial de Barcelona ha dictado su primera condena aplicando ya directamente los efectos a la baja de la reforma del Código Penal. En este caso se le hubiera podido imponer una pena de hasta seis años de cárcel pero la misma no superó los 4.
El Gobierno, que tras la polémica desatada abrió la puerta a una revisión de los parámetros de la Ley, aguarda a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre este asunto. El alto tribunal ya tiene sobre la mesa recursos de casación que analizará uno a uno en aras a estudiar si cabe la aplicación de la rebaja de años de cárcel. A estos recursos se les sumará, casi con total probabilidad, los que se impongan a los recientes fallos dictados por audiencias provinciales y tribunales superiores de Justicia del país.
