El TC se prepara para anular la condena de Magdalena Álvarez días después de exculparla en público Sánchez

El Tribunal Constitucional (TC) se prepara para anular la condena a Magdalena Álvarez por el caso de los ERE. La ponencia, que recayó sobre la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, propondrá anular la condena por prevaricación a la que fuera exministra de Trabajo y que se retrotraigan las actuaciones para que se dicte nueva sentencia, según confirman fuentes del tribunal de garantías a este medio.

El texto, que se prevé que salga adelante con el respaldo del bloque progresista mayoritario en el TC, se deliberará la próxima semana con motivo del estudio de los primeros recursos de amparo de doce de los condenados por una de las mayores causas de corrupción de la democracia.

El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, ha convocado el Pleno para la semana que viene en el que se abordarán los primeros recursos de esta primera docena de condenados. Se trata de un movimiento que se produce apenas días después de que Pedro Sánchez, presidente de Gobierno y compañero de filas de la exministra, saliera públicamente en defensa suya.

La defensa de Sánchez

Sánchez apuntó durante un acto en campaña electoral celebrado en Benalmádena que la exconsejera de Trabajo andaluza -condenada en firme por el Tribunal Supremo- había sido víctima de "un vil ataque de la ultraderecha durante muchos años".

El líder del PSOE ovacionó de esta forma a la que fuera ministra de José Luis Rodríguez Zapatero, días antes de conocerse que la ponencia sobre su recurso de amparo será favorable para ella. En concreto, la futura sentencia propondrá que la condena de la Audiencia Provincial de Sevilla por delito de prevaricación se anule y se retrotraigan las actuaciones para que se dicte una nueva.

Fuentes del tribunal de garantías consultadas por este medio discrepan de la ponencia que anulará la condena a Álvarez y avisan que evidencia de nuevo la intención del TC de Conde-Pumpido de corregir las decisiones del Tribunal Supremo

Cabe recordar que el Tribunal Supremo confirmó en julio de 2022 las condenas por la gran trama de los ERE en Andalucía. En el caso de la exministra de Trabajo, la Sala Segunda ratificó la condena de nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación. La sentencia, de más de 1.200 páginas, se centró en el visto bueno que su departamento dio a la propuesta de la Consejería de Empleo para incrementar la partida presupuestaria que se desfalcó de las arcas públicas.

Los magistrados del alto tribunal desestimaron el recurso de casación de la exministra socialista Magdalena Álvarez al considerar que fue responsable de este cambio de partida previo a la aprobación en fase parlamentaria.

"(Magdalena Álvarez) intervino no sólo en la aprobación de las modificaciones presupuestarias de 2000 a 2002, sino en la aprobación de los proyectos de ley de presupuestos de 2002 a 2004, por lo que la última resolución englobada dentro del delito continuado de prevaricación fue la aprobación del proyecto de ley de presupuestos de 2004", precisó el Supremo para descartar que el delito estuviera prescrito.

La ponencia sobre Magdalena Álvarez

Las fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli indican que la ponencia de la vicepresidenta del TC va a estimar los argumentos esgrimidos en el recurso de casación en relación con el delito de prevaricación basándose en que la elaboración del presupuesto en la fase gubernamental no significó actuación prevaricadora dado que después se aprobó en la cámara baja.

La resolución de los recursos por la condena de los ERE se ha convertido en uno de los asuntos más arduos que se abordan en el tribunal de garantías en los últimos meses debido al grado de complejidad de los mismos y también al volumen de la causa. De hecho, la Fiscalía ante el TC -que respalda el criterio de Montalbán- pidió más margen de tiempo para pronunciarse sobre los recursos, como informó este medio.

Ya entonces el órgano a cuyo frente se sitúa Pedro Crespo solicitó 30 días más de margen para elaborar los informes individualizados sobre los recursos de la docena de los condenados, entre los que se encuentran los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

Nueva enmienda al Supremo

Ahora las ponencias empiezan a deliberarse en los próximos plenos del TC para abordar si, como estiman los recurrentes, se vulneraron sus derechos fundamentales con las condenas interpuestas por esta causa de corrupción con la que se desfalcaron 700 millones de euros a las arcas públicas.

Todos fueron condenados como autores de un delito de prevaricación, si bien algunos de ellos en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos. La mayoría progresista del TC se impuso en la deliberación sobre su admisión a trámite al considerar que los recursos tenían "especial trascendencia constitucional" porque "plantean un problema constitucional que incide en derechos fundamentales sobre el que no hay doctrina" y porque suscita una cuestión jurídica de
relevante".

Este criterio chocó con el mantenido por vocales del bloque conservador que refutaron que los recursos de los ERE tuvieran la trascendencia alegada por el TC y sostuvieron que se trata de un asunto de "jurisdicción ordinaria".