De testigo clave del caso Púnica a imputada por boicotear una de las grandes líneas de investigación de la trama. La Fiscalía Anticorrupción ha actuado contra la jefa de los servicios de urbanismo del Ayuntamiento de Valdemoro (que figuraba hasta ahora como testigo) y contra otra técnico del consistorio por erigirse como nexos con la Policía para ocultar pruebas clave de la investigación del gran pelotazo urbanístico de la red. Las dos colaboradoras han terminado imputadas en el procedimiento por un total de siete delitos, entre ellos organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, fraude y malversación.
El Ministerio Público, que solicita además que se prorroguen otros tres meses estas diligencias, sostiene que tanto la principal responsable de la política urbanística de Valdemoro, Montserrat Pacheco, como la técnico María Rodríguez habrían intercedido para boicotear la investigación por las adjudicaciones de terreno urbanístico en Valdemoro pergeñadas por el exalcalde de dicha localidad Francisco Granados. Los investigadores, que en su día apuntaron que las recalificaciones del suelo superaron los 500 millones de euros, sostienen que estas técnicos municipales jugaron un "rol fundamental" en estos hechos para torpedear las pesquisas.
Según se desprende de la última documental incorporada a la causa y a la que ha tenido acceso Vozpópuli, las dos técnicos cribaron la información suministrada desde el Ayuntamiento para evitar incriminarse en la red. Los investigadores se percataron de ello al constatar que el consistorio desatendía "sistemáticamente" los requerimientos efectuados tanto por el magistrado Manuel García Castellón, como por la Guardia Civil, la Fiscalía o el propio perito judicial. Con todo, la causa cuenta con material suficiente que probaría que los imputados adjudicaron suelo público a empresarios de la red y recalificaron de suelo rústico en detrimento de las arcas públicas.
Citadas para este martes
"La técnica de Urbanismo se erigió en interlocutora en nombre del Ayuntamiento de Valdemoro con el Equipo Policial de la causa a los efectos de ser ella la que proporcionase la documentación obrante en dicho Ayuntamiento que consideró relevante para la investigación y con ello presuntamente poder privar a la causa de parte de la información que le incriminaba a ella y a su compañera", reza la Fiscalía Anticorrupción.
Ambas estaban citadas para este mismo martes, si bien solo declarará Rodríguez ya que la considerada hasta ahora testigo ha solicitado la suspensión de esta diligencia, según informan fuentes jurídicas a este medio. Con todo, el Ministerio Público no solo les acusa de ocultar los expedientes solicitados y retrasar el término de las pesquisas, sino que también las implica en la trama. Del análisis de la última documental aportada por el consistorio madrileño se desprende que tuvieron una participación activa en uno de los sectores que más operaciones urbanísticas ilícitas habría realizado la trama.
Las técnicos ayudaron a la trama a repartir a la carta la vivienda protegida, informando a favor del protocolo de gestión
"(Los hechos fueron) posible gracias a la intervención pro activa, e incluso el asesoramiento recibido por la trama de Pacheco. Así, vinieron emitiendo informes favorables a la aprobación del Plan Parcial del Sector, del Proyecto de Compensación, de las operaciones Jurídicas Complementarias o los Estudios de Detalle que habría venido concertando, como poco, hasta el año 2008, en perjuicio de los intereses económicos del municipio", reza el escrito que firman las fiscales al frente del procedimiento. Ambas recuerdan que de esta recalificación del suelo se beneficiaron tanto el presunto cabecilla de la red Púnica, David Marjaliza, como el constructor Ramiro Cid Sicluna.
Vivienda protegida "a la carta"
Además, las ahora imputadas habrían "consentido y facilitado" que los espacios libres del municipio se convirtieran en urbanizaciones del sector "amparadas en ilícitas concesiones". Todos estos expedientes han vuelto a ser solicitados a tenor de la reapertura de esta pieza cuarta de la trama pero, según explica Anticorrupción, no consta que hayan sido aportados. Se trata de unas pesquisas que ya fueron archivadas en su día por el magistrado instructor al considerar que los hechos estarían prescritos. Fiscalía y las acusaciones populares que litigan en la Púnica (Adade y PSOE) recurrieron al considerar que todavía se podían investigar y, en marzo de 2020, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional les dio la razón.
La continuación del procedimiento ha permitido constatar que las dos técnicos imputadas ayudaron a la red a "repartir a la carta vivienda protegida" en connivencia con los empresarios implicados en la trama. A todo ello, las fiscales añaden que también emitieron informes favorables a la aprobación de los planes del consistorio del que fue alcalde Granados a sabiendas de que estas actuaciones suponían un perjuicio grave para las arcas públicas del consistorio. Sobre la prescripción de los hechos detallan que el delito estaría vigente puesto que habrían manipulado los informes desde el año 2000 hasta "como poco" el 2011. Esto hace que la prescripción del delito se alargue hasta 2026.
Fin de la instrucción
Anticorrupción -que recuerda que los terrenos se vendieron a un precio muy por debajo del valor real- atribuye a las ahora imputadas la emisión de, al menos, siete informes favorables a los planes de la red. Destaca uno de monetización que entregó las parcelas residenciales sujetas a vivienda protegida a la mercantil Obras y Vías (de la que era titular Ramiro Cid Sicluna) y otro de corte jurídico sobre la actuación en la zona de Pozo de San Pedro. Con sus dictámenes permitieron también que se dictase un decreto del consistorio para enajenar por debajo de valor de mercado dos parcelas para la sociedad (vinculada a David Marjaliza) además de una treintena de valoraciones favorables al proyecto.
"Las actuaciones que ha venido realizando el Ayuntamiento de Valdemoro, consistiendo que se sustraiga información de interés para el esclarecimiento de los hechos ha impedido que haya podido concluirse la instrucción en la pieza 4", reza la Fiscalía, la cual sostienen que este "déficit de la documentación" requiere de una prórroga de la investigación de tres meses. Pese a ello, las fiscales Anticorrupción Carmen García y Teresa Gálvez adelantan a la Audiencia Nacional que, aunque necesitan un poco más de tiempo para apuntalar la investigación, ya están preparando el final de las pesquisas que se siguen en esta línea separada de la Púnica.
