No se conformaban con la retirada de sanciones o con las bonificaciones insulares. Los empresarios implicados en la trama del 'tito Berni' insinuaron a Marco Antonio Navarro Tacoronte que estaban interesados en los fondos de recuperación destinados para Canarias tras la pandemia del coronavirus. "Hay que ir preparando el terreno", avisaba uno de los investigados al conocido como 'mediador' de la red apenas semanas antes del proceso de adjudicación de los mismos.
Esta 'sugerencia' se concretó en una serie de mensajes de texto entre Antonio Bautista Prado, alias 'El Curilla', y Tacoronte el 22 de marzo de 2021. La investigación de la Policía Nacional y la Guardia Civil consiguió revelar los textos que se mandaron estos dos implicados en la trama que afecta al exdiputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, apodado como 'tito Berni'.
Bautista es el administrador único de la empresa Cleanergetic Seers Solutions S.L. dedicada a la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, como placas solares y molinos eólicos. Según el sumario, este empresario es uno de los implicados en la trama y presuntamente destinó una cantidad de 5.000 euros para los responsables del área política, que después se lo repartían entre ellos. Todo para recibir bonificaciones públicas.
"Vamos a ir preparando propuestas"
"Buenos días, le llamé para comentar. El viernes le pasé otra oferta a Lopesan (grupo hotelero), para un proyecto grande que hemos planteado hacerlo en UTE (Unión Temporal de Empresas) con una instaladora canaria. Javi (nombre ficticio) no me contesta, me dirigió a otra persona de su equipo, y éste me ha contestado. A ver si por ahí mejoramos la comunicación con Lopesan en la parte operativa". Ese fue uno de los mensajes que envió este empresario a Tacoronte, al que pagaba, en negro, por su labor de intermediación.
Vamos a ir preparando propuestas para cuando llegue estar listos. Una vez que salen los fondos, dan poco tiempo porque hay que ir preparando el terreno
"Por otro lado, durante la segunda mitad del año, llegarán los fondos de recuperación económica a Canarias. Por lo que veo todo el mundo si hay subvenciones se mete, y si no, no. Por eso vamos a ir preparando propuestas para cuando llegue estar listos. Una vez que salen los fondos, dan poco tiempo por que hay que ir preparando el terreno".
Cuatro contratos sospechosos del general
Según se desprende del sumario del caso, al que ha tenido acceso Vozpópuli, la juez aún mantiene abiertas las investigaciones sobre si los implicados llegaron a obtener algunos de estos fondos. Estas subvenciones iban destinadas a paliar los problemas económicos derivados de la pandemia y el confinamiento. Para acceder a las ayudas, las empresas debían presentar sus solicitudes ante las administraciones regionales. Por ello, solicitaban contar con el beneplácito de los tentáculos del 'mediador'.
No son las únicas adjudicaciones públicas que son investigadas y aparecen mencionada en el sumario del caso. El general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, a quien los agentes ubican en un puesto destacado de la red, tuvo acceso a cuatros contratos públicos sospechosos valorado en más de 260.000 euros de fondos europeos para el desarrollo. Todos para misiones en África cuando ya estaba retirado del Instituto Armado.
Además, en las conversaciones incautadas por la Policía Judicial las alusiones a las ayudas estatales y europeas son continuas. Los agentes dividieron el entramado en una capa política y otra empresarial. En la primera se encontrarían 'el tito Berni', su sobrino Taishet Fuentes (exdirector general de Ganadería de Canarias) y también el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa. En el otro lado este grupo de empresarios que pagó comisiones y regalos a cambio de conseguir subvenciones, ayudas y hasta la eliminación de sanciones del expediente.
Rastreo del patrimonio
Por ese motivo una de las aristas de las diligencias consiste en investigar el patrimonio de los imputados. La juez así lo ha acordado en los últimos autos dictados en la causa. Según sostiene, las pruebas que obran en el sumario son lo suficientemente determinantes como para hacer "averiguaciones de ámbito económico". La lupa se pone de momento en el exdiputado socialista Fuentes Curbelo y también sobre el general de la Guardia Civil.
La aparición de un audio en el que éste último apunta a una transferencia a Bélgica llevó al Juzgado de Instrucción número 4 de Tenerife a emitir una Orden Europea de Investigación a Bruselas, de la que se está a la espera de respuesta. Los empresarios salpicados en el caso abonaron mordidas a la rama política bien por transferencia (a cargo de la Asociación Deportiva Vega de Tetir) bien por bizum o en metálico. Era lo que llamaban el "impuesto revolucionario".
El movimiento de fondos en cuentas del entramado y el hallazgo de dinero metálico en los registros practicados han terminado por confirmar las sospechas de los investigadores. En el caso del general de la Guardia Civil -al que la juez envió a prisión- los investigadores se encontraron 61.000 euros en metálico y una libreta en la que anotaba toda la contabilidad de la trama, tanto la oficial como la opaca.
La juez da veracidad a las cuantías que recogió en un documento Excel ya que se trata de montos que coinciden con el movimiento de la cuentas bancarias. Por ese motivo sostiene que "pareciera" que apuntaba una contabilidad en A y otra en B y que estos datos vendrían a demostrar la actuación de esta red la cual destinó parte de estas mordidas para pagar fiestas, restaurantes, droga y los servicios de prostitutas.
"Del resultado de la compleja investigación se pone de manifiesto dos cuestiones fundamentalmente graves: el concierto de un grupo de personas para la supuesta comisión de delitos relacionados con la corrupción y, por otro lado, el ánimo de lucro. El modelo pudo operar gracias a la figura de un diputado nacional, al director general de un gobierno autonómico y a un general de la Guardia Civil (...) El perjuicio causado a la sociedad en general adquiere una relevancia incalculable", concluye el auto.
