Dos de los mayores escándalos que han tenido lugar en territorio canario en los últimos tiempos tienen un punto en común. Por un lado, el 'caso Mediador', que implica al exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como 'tito Berni', y a un general de la Guardia Civil, además de varios empresarios a los que cobraban mordidas a cambio de ayudas públicas. Por otro, el ‘pufo’ del material sanitario que compró el Ejecutivo regional y que nunca llegó a la Administración, lo que se conoce como el 'caso Mascarillas'. En ambas investigaciones, que se encuentran en diferentes fases de instrucción, hay un nombre que se repite: el del exdirector del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez Trujillo.

La investigación de la Guardia Civil incorporada al sumario del 'caso Mediador' al que ha tenido acceso Vozpópuli recoge una conversación de WhatsApp entre Marco Antonio Navarro Tacoronte -conocido como el mediador por poner en contacto a la parte pública de la trama y a los empresarios- y el citado Conrado Domínguez Trujillo. La conversación tuvo lugar el 1 de marzo de 2021, cuando Tacoronte trataba de evitar que se retirase una subvención a la quesería Montesdeoca, también investigada en el sumario.

En dicha conversación, Tacoronte reenviaba a Conrado Domínguez, entonces al frente del Servicio Canario de Salud, la notificación del Servicio de Reintegro de Subvenciones del Gobierno de Canarias relativa a la quesería Montesdeoca. Cabe recordar que el objetivo final de la trama era que los empresarios, a cambio de mordidas, tuvieran acceso a subvenciones públicas o evitar sanciones administrativas que suponían el pago de elevadas multas.

“Que lo recurra bien, justificando, y le echamos una mano”, afirmó Conrado Domínguez tras la petición de Navarro Tacoronte. Este último hizo una captura de pantalla de esta conversación y se la remitió a Alberto Montesdeoca García, el empresario al frente de la quesería en cuestión.

"Me has engañado"

El sumario, además, recoge otras menciones al exdirector canario de Salud, también en relación a los intentos por “rebajar la sanción” a la quesería: “Se habló con el director canario de la Salud Conrado Jesús Domínguez Trujillo, con Bernardo Fuentes Curbelo, con la Consejería de Agricultura y Pesca del Gobierno de Canarias, el Jefe de Sección de Ganadería Cardona y otros cargos relacionados con el mencionado expediente y nadie hizo nada”, detalla el informe de la Guardia Civil.

Bernardo Fuentes Curbelo -al que también se conoce como tito Berni- “consiguió rebajar un poco la sanción”, pero “no lo que se pretendía ni lo que habían acordado con Montesdeoca”: “Fueron un poco más de 70.000 euros”. El empresario no quedó satisfecho con las gestiones realizadas por otros miembros de la trama, tal y como confirman dos mensajes que envió a Navarro Tacoronte el 15 de julio de 2021: “Me has engañado” y “Tengo que devolverlo todo”.

En otro punto de las investigaciones se detalla otro mensaje que Navarro Tacoronte envió al empresario Montesdeoca que rezaba: “Grupo de empresas”, adjuntando un documento con otras mercantiles investigadas en la causa por su presunta implicación en la red. Junto a cada una de las sociedades aparece una cantidad de dinero y, en el apartado de firmas, figuran los nombres del propio Navarro Tacoronte -que se identifica como “mediador”- y el de Conrado Domínguez Trujillo, director del Servicio Canario de Salud.

Mordidas "para el de Sanidad"

Además de las referencias continuas a Conrado Domínguez, el sumario también desvela presuntos pagos en B al Servicio Canario de la Salud (SCS). Así, por ejemplo, en una de las conversaciones mantenidas entre el mediador de la red (Antonio Navarro Tacoronte) y uno de los testaferros, éste le indica que hay desviar una partida de dinero en metálico “para el de Sanidad”.

En concreto, le ordena separar un total de 5.500 euros del monto total de billetes que estaban contabilizando para el presunto pago de mordidas. “Hazme separación de tacos de mil”, se le escucha decir al mediador de la red, el cual acaba encargando que de ese total se guarde una cantidad para una persona que trabajaría en el ente dirigido hasta ahora por Conrado Domínguez.

Las alusiones al manejo de fondos metálicos y reparto de comisiones son continuas. Tanto es así que Policía y Guardia Civil coinciden en que los informes aportados al juzgado no son más que el comienzo de las investigaciones y que aún quedan muchos más detalles e implicaciones por conocer: “Es la punta del iceberg”, resumen los agentes. La magistrada, por su parte, apunta en sus últimos pronunciamientos a la gravedad de esta causa de corrupción hasta concluir que "el perjuicio causado a la sociedad en general adquiere una relevancia incalculable".

El 'caso mascarillas' de Canarias

En declaraciones recientes, Navarro Tacoronte también afirmó que las líneas de investigación van mucho más lejos de lo que hasta ahora se conoce, y destacó su papel como mediador en la compra de material sanitario durante los peores compases de la pandemia para las empresas que lo solicitaban. En concreto, aludió a un caso de unas mascarillas que nunca llegaron a su destino, sin dar más detalles sobre el episodio.

La figura de Conrado Domínguez Trujillo -con quien Navarro Tacoronte se intercambiaba los mensajes incorporados al sumario del 'caso Mediador'- ocupa un papel destacado en un escándalo relacionado con la compra de mascarillas por parte del Servicio Canario de Salud que nunca se llegaron a entregar. El contrato fallido se adjudicó sin publicidad -a dedo- a la empresa RR7 United, S.L.

De hecho, un juzgado de Las Palmas abrió diligencias por esta licitación e imputó a Conrado Domínguez. El político insular -que dimitió de su cargo en noviembre de 2022 tras destaparse el escándalo- negó cualquier irregularidad, pero la Justicia continúa investigando si se cometió delito de estafa con este contrato que, por la emergencia de la pandemia, se hizo sin licitación.

Al igual que ocurrió en otras administraciones, el Gobierno canario desvió una partida millonaria para el suministro de mascarillas sin que estas llegaran a buen puerto. La empresa contratada -RR7 United S.L- no guardaba relación alguna con material sanitario, ya que se constituyó como una sociedad dedicada a la venta de automóviles. La firma se erigió como intermediaria para suministrar el material pero las mascarillas tardaron mucho en llegar y cuando lo hicieron eran falsas.

El asunto terminó en los tribunales por presunta estafa y acabó por llevarse por delante a Conrado Domínguez. Ahora su nombre vuelve a sonar con fuerza en el sumario de esta causa de corrupción, al aparecer como vínculo de algunos de sus cabecillas, -como el propio mediador- por sus negocios para conseguir subvenciones y ayudas de la Administración canaria, para empresas de la trama.

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