El Tribunal de Cuentas ha optado por no admitir los avales que presentó el Instituto Catalán de Fianzas (ICF) para cubrir una fianza de 5,4 millones de euros impuesta a los líderes independentistas de Cataluña implicados en el procés. El órgano fiscalizador descarta admitir el plan de la Generalitat de cubrir con dinero público estos avales impuestos por presunta malversación con los gastos derivados de la acción en el exterior de la deriva independentista, según confirman fuentes del tribunal a Vozpópuli.
La delegada instructora Esperanza García Moreno deniega de este modo la propuesta de que el Instituto Catalán de Fianzas se hiciera cargo de las cauciones impuestas a un total de 28 funcionarios y exaltos cargos de la administración catalana (entre ellos Artur Mas y Carles Puigdemont) por los gastos públicos derivados del Diplocat (órgano creado bajo la presidencia de Mas) y de las embajadas en el extranjero. La decisión se produce sin contar con el criterio de la Abogacía General del Estado, que evitó pronunciarse sobre este asunto.
El máximo órgano fiscalizador recurrió a los servicios jurídicos del Gobierno ante las dudas surgidas por la legalidad de la propuesta del pago de avales. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez evitó pronunciarse explicando que el informe solicitado podría afectar a la imparcialidad del órgano. Ahora, el tribunal explica en una nota que finalmente no se van a admitir los avales garantizados con fondos públicos "al no amparar conductas dolosas o marcadas por actos realizados con negligencia o culpa grave".
La instructora acuerda no admitir los avales garantizados con fondos públicos emitidos por el ICF al no amparar las conductas dolosas o marcadas por actos realizados con negligencia o culpa grave
Embargo de bienes
Además, explican que, al haber vencido "con exceso" el plazo otorgado para depositar o afianzas las responsabilidades contables, se procederá el embargo de bienes de las 28 personas que se acogieron a estos avales por su presunta responsabilidad contable en los hechos. Cabe recordar que este acta de liquidación provisional afectaba a un total de 34 personas. De ellas, cuatro afianzaron de manera correcta la cantidad solicitada y otras dos procedieron a su reintegro.
El grueso restante (entre los que también se encuentran Oriol Junqueras, Francesc Homs Raúl Römeva y Andreu Mas-Colell) presentaron los avales que ahora declina el Tribunal de Cuentas. El motivo que esgrimen es que los hechos acometidos podrían tratarse de actos realizados con "negligencia o culpa grave"; requisitos que deben concurrir para declarar la presunta responsabilidad contable y dar lugar a una liquidación provisional positiva.
La instructora también ha analizado la norma por la cual el 6 de julio la Generalitat creó un Fondo complementario de riesgo para cubrir los avales de los líderes independentistas. El fondo se aprobó vía decreto ley y se dotó de 10 millones de euros para "proteger a todos los servidores públicos", según anunció la Generalitat que avisó que los funcionarios que quisieran acogerse a este aval tendrían que solicitarlo al Instituto Catalán de Finanzas.
