La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha urgido a la defensa del expresidente de la Junta José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel por el caso ERE, a aportar en un plazo de cinco días "todos los informes médicos" que conciernen a su cáncer de próstata con tal de determinar su entrada o no en prisión.
En una providencia notificada este martes en relación a la ejecutoria de los ERE falsos, la Audiencia acuerda requerir a la defensa de Griñán que dichos informes con tal de "proceder a un nuevo reconocimiento médico" por parte del Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla.
Este escrito se produce cuatro días después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara a la Audiencia que pidiera a la defensa de Griñán que aportara "informes actualizados" sobre su estado de salud para poder pronunciarse sobre su ingreso en la cárcel, como respuesta a la petición previa de la Sección Primera para que se pronunciaran sobre el informe de los servicios médicos de la prisión que avalaba el tratamiento de la atención especializada.
Tratar a Griñán en la cárcel sería posible
La Fiscalía solicitó que cuando se disponga de esos nuevos informes aportados por la defensa del expresidente andaluz se remitieran de nuevo a la prisión, una vez que el centro considera que es "posible" su tratamiento en la cárcel.
Anticorrupción pidió a la Audiencia que solicite a la defensa de Griñán "información médica actualizada sobre diagnóstico, tratamiento y eventuales complicaciones efectivas derivadas del mismo" para poder decidir sobre la posibilidad de su ingreso en prisión.
Por otra parte, en una segunda providencia, la Audiencia Provincial da traslado a la Fiscalía Anticorrupción y demás partes personadas para que, en un plazo de tres días hábiles, realicen las alegaciones que consideren oportunas a la documentación remitida por el centro penitenciario de Sevilla respecto a la enfermedad alegada por el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá.
El pasado 6 de marzo la Audiencia acordó recabar informe de los servicios sanitarios de dicha prisión sobre la posibilidad de tratamiento en dicho centro de la enfermedad alegada por Barberá. La Fiscalía Anticorrupción había elevado previamente un escrito a la Audiencia sobre la situación de Barberá, condenado a siete años y un día de prisión, y a 18 años y un día de inhabilitación absoluta, por un delito continuado de prevaricación en concurso con uno continuado de malversación.
La defensa de Barberá basa su petición en el artículo 80.4 del Código Penal, que dispone que los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables.
