En paralelo al pulso que enfrenta al Poder Judicial y el Ejecutivo a cuenta del CGPJ, el Tribunal Supremo ha vuelto a alzar la voz. Y como en ocasiones anteriores, ha pasado desapercibido. Pero los jueces del alto tribunal llevan tiempo avisando de que el Palacio de las Salesas no puede ser concebido como una sala de VAR en la que rearbitrar disputas políticas.
Plantean -de momento sin éxito- un debate que interpela a todos. La premisa que vienen repitiendo en sus resoluciones es que no es lo mismo el reproche político que el penal. Dicho de otro modo: una condena en los tribunales no puede ser la única vara de medir a la hora de juzgar la actuación de un dirigente. Un archivo no significa necesariamente una absolución política, que corresponde decidir a otros.
“La discrepancia frente a determinadas actuaciones es desde luego legítima, pero no suficiente para cuestionar, no ya la legalidad, sino la ‘injusticia’ en términos jurídico-penales”. Así se expresaban los jueces de la Sala Segunda en el auto por el que hace días rechazaban, de momento, abrir una causa penal contra el Gobierno por la gestión de la pandemia.
Se parece mucho a esta otra frase recogida en el auto que daba carpetazo al encuentro nocturno entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez: “El tratamiento jurídico-penal de los hechos que han sido objeto de querella no puede hacerse depender del impacto político que ha generado su conocimiento público”. Eso a pesar de que el Supremo desmintió la versión del Gobierno.
Ábalos celebró el archivo como un aval a su actuación cuando el del auto tan solo alegaba que el Supremo no era la ventanilla adecuada
Los jueces dejaron claro que Delcy Rodríguez sí incumplió la prohibición que tenía de acceder a territorio europeo por la vulneración de Derechos Humanos en su país y Ábalos fue a recibirla en secreto al aeropuerto. Pero el ministro celebró el archivo como un aval a su actuación cuando el redactado del auto tan solo alegaba que el Supremo no era la ventanilla adecuada para exigir responsabilidades.
Aún más contundente fue el alto tribunal en la histórica sentencia que condenó a los dirigentes independentistas del procés. Entre sus 500 folios de resolución incluía un aviso a los políticos. Criticaba la incapacidad del gobierno central y del autonómico para llegar a un acuerdo sobre "un problema de profundas raíces históricas". Reprobaba que los dirigentes pretendieran dejar en manos de la Justicia las posibles soluciones. "No nos incumbe", sentenciaron.
A la vuelta de las fiestas navideñas esperan otras decisiones importantes como la que tiene que ver con los indultos del procés. Cuando el Supremo rechazó concederles el tercer grado, hizo hincapié en que no se condenaban ideas. Añadía que “buena prueba de ello es que el gobierno autonómico de Cataluña, en la actualidad, está presidido por un dirigente de la misma ideología”. La otra decisión de alto voltaje pendiente es la que afecta al vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, por el caso Dina.
La Sala de lo Penal tiene que decidir si abre una causa contra él por los delitos de revelación de secretos, daños informáticos, y denuncia falsa. Para el primero es necesaria la acusación de la afectada, en este caso su exasistente Dina Bousselham, que ya ha exculpado a su exjefe. Para el tercero es necesaria una resolución firme de archivo o absolución que no se ha dado.
No ha ayudado a mitigar el ruido algunas redacciones erráticas o directamente contradictorias que parecían buscar contentar a unos y a otros
Hay tres opciones: abrir una causa y citar a Bousselham para que fije su postura en el Supremo, archivar directamente o pedir al juez de la Audiencia Nacional que siga investigando contra el criterio de la Sala de lo Penal, que le instó a poner fin a sus pesquisas sobre Iglesias. En el tribunal ya asumen que cualquier decisión será interpretada de distintas formas y seguirá la polémica.
No ha ayudado a mitigar el ruido en torno a las resoluciones judiciales algunas redacciones erráticas o directamente contradictorias que parecían buscar contentar a unos y a otros. Fue el caso de la sentencia que confirmó las condenas por la primera Época de Gürtel, pero se enredó en la parte más sensible que tenía que ver con las expresiones sobre la caja B del Partido Popular. Las frases incluidas en su día en la sentencia de la Audiencia Nacional sirvieron de impulso para la moción de censura que apeó del Gobierno a Mariano Rajoy.
El Supremo: "Se corre el riesgo de trasladar al ámbito jurisdiccional el lenguaje propio de la confrontación política"
La esperada sentencia del Supremo decía que “No puede afirmarse la autoría del Partido Popular como autor de delitos de corrupción y prevaricación irregular”. Pero unos párrafos más abajo defendía las expresiones de la Audiencia Nacional porque ejercían como “nexo común que sirve de amalgama al conjunto de episodios y actuaciones recogidos en la declaración de hechos probados”. Todo para acabar afirmando que este debate no afecta a lo sustancial del fallo, que obligaba al PP a devolver 245.000 euros procedentes de la trama. Unos y otros encontraron razones para celebrar.
Con todo, el Ministerio de Justicia le ha concedido al Supremo un deseo con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim). Impedirá que los partidos políticos ejerzan la acusación popular en causas judiciales como hizo VOX en el juicio del procés, por ejemplo. Ya en aquella sentencia el alto tribunal tachó de "perturbadora" la presencia misma de la formación de Santiago Abascal, ya que, a su entender, "se corre el riesgo de trasladar al ámbito jurisdiccional la dialéctica e incluso el lenguaje propio de la confrontación política".
