Jugar a la bolita con los fondos europeos es el as en la manga del Gobierno para regatear el límite de plazo para gastarlos. El atasco en la ejecución de los fondos Next Generation ha llevado al Gobierno de Pedro Sánchez a solicitar una prórroga para poder gastarlos más allá del 31 de agosto de 2026, el límite marcado por la Unión Europea para su ejecución. La posibilidad de que esta prórroga sea aprobada es nula, por lo que la alternativa que se baraja es asignarlos al ICO o a otro ente financiero aunque no sean gastados. Es decir, mover el dinero de sitio para que a ojos de la UE aparezca como dinero ejecutado, cuando en realidad no ha llegado a la sociedad civil.
Sería una forma de sortear esta dificultad similar a la que se empleó con los Fondos Estructurales. El período se cerraba en 2016 y para evitar su pérdida se permitió la creación de un instrumento financiero receptor de estos fondos no absorbidos. En ese caso se consideraron ejecutados los Fondos Estructurales, a pesar de que en realidad no estuviesen ejecutados los créditos vinculados al instrumento financiero.
"Tenemos entendido que se está hablando con la Comisión Europea, y de hecho en la adenda vemos que ya se está proponiendo una medida en esa línea con los prestamos ICO", explican fuentes del Parlamento Europeo. El reloj avanza y el Gobierno no ha sido capaz de colocar a tiempo los fondos de recuperación del instrumento NextGenEU.
Susana Solís, europarlamentaria de Ciudadanos, asevera en declaraciones a este diario que "la ejecución de los fondos europeos por parte del Gobierno debería haber sido más diligente". Solís lamenta que ahora "nos toca pedir una prórroga a la Comisión Europea más allá de 2026 por no haber sabido ajustarnos a los plazos que se acordaron desde un primer momento. No va a ser fácil conseguir esa prórroga, pero no está todo perdido. Desde luego, lo que se debe hacer en este momento tan convulso es conseguir un gran acuerdo político sobre la ejecución de estos fondos. A todos nos interesa que la economía española se recupere y que los fondos europeos lleguen a buen puerto".
De este instrumento financiero dependen proyectos como los doce PERTES activos ahora mismo. Fuentes europeas explican que el PERTE que peor va de tiempo y que más requeriría una prórroga es el de Chips, "cuyas primeras convocatorias quedaron desiertas y cuyo despliegue requiere de grandes proyectos de infraestructuras". Este PERTE tenía como objetivo reforzar la industria microelectrónica de nuestro país.
Entre los fondos afectados por la lenta ejecución del Gobierno se encuentra el Fondo de Transición Justa, cuyo fin es apoyar a los territorios que se enfrentan a retos socioeconómicos graves derivados del proceso de transición a la neutralidad climática. "Su ejecución es también deficiente, como ya ha anunciado la Comisión en un par de avisos al Gobierno", apuntan desde el Parlamento Europeo. España no está sola, países como Luxemburgo, Finlandia, Estonia y Alemania también han solicitado ampliar el plazo de gasto de los fondos.
Prorrogar el plazo de gasto, un camino imposible
España tiene el paso cerrado para prorrogar el plazo de ejecución de los fondos europeos. Según la Decisión de Recursos Propios (el reglamento europeo de los fondos) no está permitida dicha prórroga. Habría que modificar esta Decisión y para ello sería necesario el voto unánime de todos los parlamentos nacionales, "una complicación legislativa en la que a nadie le interesa meterse ahora" -¿cuántas veces ha habido un acuerdo unánime en España sobre un asunto político?-.
El argumento de Calviño para pedir la prórroga es que redefiniendo la ejecución de las inversiones se les dará más recorrido y se implementarán con mayor éxito. La realidad es que nuestro Gobierno ha retrasado demasiado los objetivos de ejecución y los ha concentrado en los años 2024 y 2025, por lo que el tiempo se les ha echado encima.
