La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil continúa sus pesquisas en busca del delito de malversación de fondos públicos que le atribuye a la Generalitat catalana encabezada por el expresidente Carles Puigdemont. El último paso de los agentes ha consistido en solicitar las cuentas de la empresa que creó el registro de catalanes en el exterior. A juicio de los agentes, esta plataforma informática fue utilizada por el Govern para facilitar el voto durante el referéndum del 1 de octubre.
Según el oficio de la UCO al que ha tenido acceso este periódico, buscan entre las cuentas de la mercantil TSYSTEMS y en concreto facturas, justificantes de transferencias, los acuerdos alcanzados con la Generalitat o la oferta que hizo la empresa para desarrollar la plataforma de catalanes en el extranjero. La UCO sostiene que la Generalitat solicitó a esta mercantil “un servicio evolutivo que consistía en realizar unas mejoras en la aplicación” que la propia empresa había creado en 2014.
Añade la Guardia Civil en su documento del pasado 11 de mayo que “adicionalmente y vinculado a esta aplicación”, TSYSTEMS subcontrató a otra mercantil llamada ATICSER para que desarrollara “un servicio de encuestas vinculado al registro de catalanes en el exterior”. A juicio de los investigadores, la finalidad última de este servicio dependiente de la Conselleria que dirigía Raül Romeva “era que los ciudadanos catalanes residentes en el exterior inscritos en la citada aplicación pudieran ejercer el voto en el referéndum ilegal del 1 de octubre”.
Esta es la razón por la que tanto la UCO como el juez de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, tratan de averiguar los pagos realizados por la Generalitat a esta empresa a cambio de sus servicios, que probarían la malversación de fondos públicos. Son varios los casos documentados por este periódico en el que personas encargadas de dar soporte de alguna forma a la organización de la consulta admiten que nunca llegaron a percibir dinero de la Generalitat.
Trabajadores de la Administración autonómica afirman que se contó con un informe interno de la asesoría jurídica del Departamento de Presidencia que desaconsejó pagar las facturas al haber una investigación en curso. Era una manera de evitar de las evidencias de la malversación que aún así los agentes de la Guardia Civil consideran suficientemente probada en sus informes.
Las explicaciones de la Generalitat
La Generalitat dejó sin pagar, por ejemplo, la publicidad institucional para promocionar el registro de catalanes en el exterior puesta en marcha los meses previos al 1-O (pese a que se creó en 2014). A preguntas del juez, los responsables de esta campaña negaron que esta plataforma tuviese por objeto facilitar el voto en la consulta a pesar de que el anuncio se presentaba con un mapa de Cataluña desprendiéndose del resto de España y con la pregunta de “¿Sí o no?”.
En uno de los apartados se ofrecía también la posibilidad de decidir sobre el futuro del país. Desde la Generalitat alegaron ante al juez que el servicio de encuestas permitía valorar los servicios que se ofrecían y de ese modo ya se estaba contribuyendo a mejorar el futuro de Cataluña. Por su parte, desde Alemania, después de ser detenido, Puigdemont defendió que la malversación -uno de los delitos por los que le reclama el Tribunal Supremo- no existió ya que todos los gastos relacionados con el 1-O partieron de capital privado.
