La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional quiso investigar por un presunto delito de blanqueo de capitales al cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero. Así lo solicitó en un informe que obra en el sumario del caso Neurona al que ha tenido acceso Vozpópuli. La respuesta del juez, Juan José Escalonilla, y la Fiscalía fue que todavía era pronto para dar ese paso.
Los investigadores policiales de la UDEF pidieron en septiembre al Juzgado que les autorizase a acceder al Fichero de Titularidades Financieras “por la comisión, entre otros, de un presunto delito de Blanqueo de Capitales” que le atribuyen a Monedero así como a los responsables de la consultora Neurona, César Hernández y Andrea Edlin López . También para el administrador único, Elías Castejón, nombrado para constituir en España una filial de la firma mexicana en la que ingresar el dinero de Podemos y luego remitir gran parte de los fondos a una tercera mercantil mexicana.
Eran los inicios de la pieza secreta en la que el juez ha investigado en secreto a Monedero. Se ha saldado con su imputación en el caso en el que ya se investiga a Podemos por su financiación. Los investigadores sospechan que Monedero usó una factura falsa para justificar el cobro de 26.200 euros procedentes de Neurona. Se lo pagaron un mes y dos días antes de que la formación morada llegase a un acuerdo con la consultora para hacer servicios electorales que el juez duda que se prestasen realmente.
La UDEF apelaba a la ley de Blanqueo
La UDEF apelaba a la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo y al Real Decreto de 2014 sobre esta materia para acceder a los archivos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Pero el juez contestó días después en sentido negativo: “No se autoriza a dichos agentes en el presente estado del procedimiento el acceso al fichero”.
“No procede autorizar a la fuerza actuante la realización de la diligencia de investigación identificada al no existir en este estado de la causa indicios que permitan considerar que los hechos resultan constitutivos de de un delito de blanqueo de capitales”, dice el auto dictado el 21 de septiembre. No obstante, el magistrado no cerraba la puerta a esa posibilidad que pedía la UDEF más adelante “en base a las diligencias que se practiquen”.
El juez tomó esta decisión después de escuchar el parecer de la Fiscalía, que también se opuso a la opción de avanzar por la vía del blanqueo de capitales. La fiscal del caso, Lorena Álvarez Taboada, se mostró a favor de investigar al cofundador de Podemos ante las sospechas de la Policía, pero consideró que “no procede por el momento” acceder el fichero de Hacienda “sin perjuicio de lo que proceda en el curso de la investigación”.
Lo que sí aceptaron tanto la Fiscalía como el juez fueron otras diligencias de prueba solicitadas por la Brigada de Investigación Blanqueo de capitales y Anticorrupción de la UDEF en el marco de esta pieza separada. Consistían en requerir información a entidades bancarias, a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), o a la Agencia Tributaria. En su informe, la UDEF también pedía que se les permitiese “recabar cualquier información y documentación que consideren oportunas para realizar el seguimiento de las operaciones”. Este último apunte, también se les denegó.
Debate sobre los delitos
Cinco meses después, no consta por el momento que el juez Juan José Escalonilla haya apostado por esa vía que le indicaba la UDEF. En la providencia en la que le cita a declarar para el próximo 15 de marzo apenas hace alusión de forma genérica a un delito de malversación, algo habitual en sus escritos de la causa. De hecho, la Audiencia Provincial de Madrid le apremió hace semanas para que definiera bien los delitos que investiga para no generar indefensión a Podemos.
El auto recordaba al juez que primero abrió la investigación por administración desleal y malversación de fondos públicos. Pero a lo largo del caso, el Juzgado también ha apreciado indicios de delito electoral (artículo 150 de Loreg) o de financiación ilegal de partidos. Por su parte, el Tribunal de Cuentas apreció en su momento un delito de falsedad en documento mercantil. La Fiscalía también apuesta por el delito de falsedad y por el delito electoral.
