Las cárceles dependientes de la administración central -todas excepto las del País Vasco y Cataluña- acogen a 79 personas transgénero, de las que 22 son mujeres trans que están internas o bien en cárceles exclusivamente femeninas, o en módulos de mujeres dentro de prisiones mixtas.
Otros 6 son hombres trans que viven en instalaciones masculinas, según datos de Instituciones Penitenciarias a los que ha tenido acceso Efe.
Prisiones no detalla el género ni la ubicación de los 51 internos trans restantes, un colectivo que representa, aproximadamente, el 0,17% de las más de 46.000 personas que forman parte de la población reclusa.
El ingreso en prisiones femeninas de mujeres trans (que nacieron con el sexo biológico masculino) ha sido uno de los argumentos esgrimidos por ciertos colectivos feministas y partidos de la oposición contra la autodeterminación de género recogida en la recientemente aprobada ley trans al entender que podría suponer un peligro para las internas.
La ley no establece ningún protocolo específico para el tratamiento de las personas trans en las prisiones, donde, de hecho, desde 2006 ya se permite a personas que no se identifican con su sexo oficial cambiar de módulo, en algunos casos incluso sin haber dado el paso de modificar su sexo en el registro.
La Ley General Penitenciaria marca la separación interna de los reclusos por sexo, pero hace 17 años el Ministerio del Interior estableció un procedimiento por el cual los reclusos pueden solicitar su cambio a un módulo acorde con su "género sentido" aunque no hayan cambiado su sexo en el registro.
La decisión es reversible
El protocolo ideado por Interior establece como requisito para el cambio de módulo la superación de una valoración médica y psicológica, así como el reconocimiento de la identidad psico-social de género.
La decisión de en qué módulo se internará a cada preso la toma un "equipo técnico multidiscipliniar", del que forman parte tanto educadores y psicólogos como trabajadores sociales, según han señalado a EFE fuentes de Instituciones Penitenciarias.
Este equipo evalúa todas las circunstancias personales del recluso -entre las que se encuentra su sexo biológico y registral- para dictaminar en qué espacio debe cumplir su condena, aunque esta decisión es reversible.
Prisiones apunta que esta evaluación individual forma parte del protocolo de entrada de cualquier preso en una cárcel, así como la toma de fotografías, la asignación de un número, la retirada de las pertenencias personales o la práctica de un reconocimiento médico.
Cataluña también aprobó en 2019 una instrucción por la que las personas transgénero que estén en cárceles de esa comunidad autónoma pueden pedir el traslado a un centro penitenciario del sexo con el que se identifiquen.
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