Las víctimas de la talidomida en España continúan una batalla que empezó en los tribunales en los años 90 en Madrid y que, ahora, vuelve al Tribunal Supremo. A finales de la década de los años 50, la farmacéutica alemana Grünenthal empezó a comercializar medicamentos con este componente, destinados a mujeres embarazadas con síntomas como náuseas y mareas.
Los efectos adversos de este principio activo provocaron que cientos de bebés nacieran con el síndrome de Roberts y malformaciones o ausencia de extremidades. Cientos de vidas truncadas por todo el mundo antes, incluso, de su nacimiento. Una lucha para exigir a las instituciones que reconozcan sus derechos que dura, en algunos casos, más de medio siglo.
Los afectados, nacidos en su mayoría entre los años 50 y mediados de la década de los 80, consiguieron una primera sentencia a favor en el año 2014 en la que se reconocieron indemnizaciones de 20.000 euros por cada discapacidad de cada afectado. Un año después, la Audiencia Nacional tumbó la resolución y el Tribunal Supremo determinó que las reclamaciones habían prescrito.
Desde entonces, las víctimas de la talidomida encarnan una batalla, por un lado, en el plano administrativo para conseguir que el Gobierno les otorgue compensaciones económicas y, por otro, en los tribunales, donde exigían que la farmacéutica encargada de distribuir los medicamentos pagara por todo el daño provocado a bebés españoles de varias generaciones. Ahora, la asociación AVITE traslada de nuevo el caso al Tribunal Supremo.
Las víctimas de la talidomida recurren al Supremo
La organización ha presentado un recurso ante el Alto Tribunal contra varios artículos del Real Decreto 574/2023, referente a las ayudas económicas destinadas a 130 víctimas de la talidomida. Ignacio Martínez, abogado de la asociación, denuncia que el decreto, aprobado el pasado mes de julio, deja fuera a cientos de afectados solo para "cuadrar las cuentas y para que al Gobierno no se le vaya el caballo con el tema presupuestario".
El escrito presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, y al que ha tenido acceso Vozpópuli, aborda la "ilegitimidad" de varios puntos por resultar contrarios al Derecho y causar indefensión a las personas a la que va dirigido, en este caso las víctimas de talidomida. El letrado pide a la Sala que sean declarados nulos, ya que entiende que lo que no puede hacer el texto aprobado en verano por el Consejo de Ministros es "infringir la ley que desarrolla".
Entre las principales quejas de la asociación destaca que el Gobierno haya excluido a cientos de afectados, incluso en casos en los que administraciones autonómicas ya les había reconocido la condición.
"En Alemania hay casi 3.000, en Inglaterra 600, en Italia 400 y en Suecia 120. Lógicamente por población es absolutamente imposible que en España seamos 130. Además, en España se ha estado vendiendo este medicamento durante 35 años"
Exigen una condición ya reconocida por médicos expertos
El vicepresidente de AVITE, Rafael Basterrechea, explica que para que una persona sea considerada víctima de talidomida primero un médico experto emite un informe favorable desde la comunidad autónoma, para que después el Comité Científico Técnico de la Talidomida, el organismo máximo designado por el Estado, lo valore. Basterrechea denuncia que en muchos casos este aporta veredictos negativos, cuando ya ha sido valorado positivamente por un experto en malformaciones congénitas.
En la misma línea, el abogado Ignacio Martínez detalla que en Derecho distintos órganos del Estado pueden tener una visión jurídica de un mismo hecho distinta, pero lo que "no recoge es que se pueda decir que algo existe y no existe al mismo tiempo". El letrado defiende que el Real Decreto aprobado en julio niega la misma condición ya reconocida anteriormente. "La mayoría de afectados por la talidomida tienen una resolución administrativa firme. Por ejemplo, la jubilación anticipada por ser víctima de talidomida, y ahora se lo niegan ahora", comenta.
El vicepresidente de AVITE detalla que a pesar de que existen varios errores en el protocolo desarrollado por el Gobierno, la decisión más práctica para las víctimas de talidomida es recurrir puntos concretos de la norma, para no alargar el proceso más de lo necesario en los tribunales. "Nosotros tenemos unos 60 años, los que nacieron en el 50 tienen 73 años. Ya no puedo estar judicializándolo todo. No tenemos tiempo", sentencia Basterrechea.
"Las víctimas de la talidomida seremos, juntos a las víctimas del ELA, los colectivos más desfavorecidos del país y un gobierno progresista nos deja desamparados"
Presupuestos de 2018
Por ello, la defensa legal de la asociación ha preparado un recurso que afecta, en exclusiva, a varios puntos del Real Decreto 574/2023. El escrito recoge supuestas irregularidades en el artículo 3 de la norma de 2023, ya que "dispone lo opuesto" a lo ya mencionado en la Disposición Adicional 56ª de los Presupuestos Generales del Estado de 2018.
Esta detalla que las "ayudas serán compatibles con cualquier pensión pública a que la persona beneficiaria tuviera derecho, y complementarias con la percepción de otras ayudas o prestaciones". Sin embargo, el Real Decreto 574/2023 dispone que "la percepción de esta ayuda deducirá de su cuantía cualquier otra ayuda o prestación de análoga naturaleza y finalidad a las reguladas en este real decreto", contradiciendo lo detallado en el escrito anterior.
Por otro lado, la asociación insiste en el malestar provocado por un Ejecutivo que "decidió bilateralmente dejar dormir el Real Decreto", hasta pocos días antes de las elecciones, lo que hizo que se aprobara "deprisa y corriendo", dejando varios puntos sin atar. Basterrechea explica que uno de los problemas que se han dejado en el aire es la gravación fiscal de las ayudas.
AVITE denuncia el papel del Gobierno de Sánchez, ya que entiende que con el fin de que controlar el gasto destinado para las víctimas de la talidomida, deja a fuera a muchos de los afectados. Unas ayudas que ascienden hasta los 10 millones de euros, de los cuales Hacienda se hace con el 47%.
"Nos han quitado casi la mitad por el impuesto de IRPF. Una ayuda solidaria por una condición que sufriremos toda la vida y, encima, nos la gravan fiscalmente. Es terrible que un Gobierno progresista en donde hay fuerzas como Sumar, PSOE, Esquerra, que supuestamente defienden son los intereses de los colectivos más desfavorecidos, permita esto", sentencia.
