Cuando uno pone los pies dentro de una plaza de toros, sabe que está pisando suelo sagrado. Es un legado cultural y social que trasciende cualquier intento por derribarlo. La justicia, imparcial e imperecedera, ha acudido esta semana, nuevamente, al rescate de la tauromaquia, siendo este episodio la última muesca de un largo historial de litigios entre la lidia y sus detractores.
El pasado martes 7 de febrero, el Tribunal Supremo avaló el acceso a espectáculos taurinos a través del bono cultural joven de 2022, ya que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no logró aportar una justificación válida para excluirlo. El consabido bono permite a los jóvenes que cumplieron 18 años en 2022 gastar los 400 euros de los que se compone el cupón en un catálogo diverso de espectáculos y ofertas culturales.
Tras conocerse la polémica decisión del Gobierno, la Fundación Toro de Lidia presentó un recurso contra el artículo 8.2 del real decreto que regula el citado bono cultural, el mismo que apartaba a los espectáculos taurinos. La Sala de lo Contencioso-Administrativo estimó el recurso, poniendo fin al enésimo intentó del sector antitaurino de España. No pasará mucho tiempo hasta que se presente el siguiente envite.
En Cataluña empezó todo
Si bien es cierto que la tauromaquia en España lleva unos lustros siendo motivo de debate a gran escala, cabe recordar que el primer gran proceso judicial que afrontó tuvo lugar en julio de 2010 en Cataluña. Los independentistas, en un claro pulso cultural y social hacia España, aprobaron en el Parlament una Iniciativa Legislativa Popular que pedía prohibir las corridas de toros en todo el territorio catalán.
Meses más tarde, en septiembre de 2011, empezó a cumplirse la sentencia, una que llevaba urdiéndose en el seno del independentismo desde la década de los ochenta por parte de Convergència i Unió. La ignorancia extremista, esa que desea borrar de los libros de historia tantos y tantos años de tradición, desconoce que Cataluña fue siempre un bastión de a tauromaquia a nivel nacional, resultando clave en la expansión de la misma. Sin embargo, romper con España significa fracturar la identidad del país, y el arte del toreo está íntimamente ligado a los anales ibéricos.
El mundo del toro entró en erupción, recurriendo a la justicia en su estrato más alto. Cinco años después, en octubre de 2016, de tan controvertida decisión, el Tribunal Constitucional declaró nula la ley, alegando que este texto legal invadía competencias estatales en materia de cultura. De hecho, la tauromaquia fue declarada patrimonio cultural de España.
El famoso texto independentista se oponía, según el TC, a la ley española 18/2013 de protección de la cultura, en la que se incluye la tauromaquia. Fue una victoria muy sonada e importante para el toreo. Aunque Cataluña, como CCAA, tiene competencia para proteger y regular a los animales, pero no para sobreponerse a la condición de la lidia en España.
Baleares carga contra los toros
En 2017, Islas Baleares aprobó el 3 de agosto de 2017 la Ley Balear de Regulación de las Corridas de Toros y Protección de los Animales, un precepto que prohibió que las corridas de toros tuvieran como resultado la muerte de las reses, una especie de "toros a la balear" que supuso todo un despropósito legal y logístico de cara a organizar las faenas venideras. La cosa no quedaba ahí, que reducía el número de toros a tres, siendo hasta entonces de seis. Cada encuentro solo podía durar diez minutos, en lugar de los treinta habituales.
Los toreros solo podían emplearse usando capote y muleta, nada de instrumentos punzantes que pudieran herir al animal. Se harían controles antidopajes a las reses y quedaban eliminadas las novilladas y demás suerte de fiestas taurinas. La norma también regulaba aspectos como la prohibición de enchiquerar a los toros antes de la corrida, para poder soltarlos al ruedo con facilidad. Un cóctel de sinsentidos curiosos.
La situación no duró mucho más de un año, ya que, el 19 de diciembre de 2018, el Tribunal Constitucional volvió a pronunciarse a favor de la tauromaquia, anulando cinco de los artículos de la citada ley, además de finiquitar parcialmente otros tantos e incisos. El TC explicó que la ley "imponía un modelo de espectáculo taurino en sustitución de las corridas de toros que se separa radicalmente de una manifestación paradigmática de la fiesta tradicional española, impidiendo, al propio tiempo, la celebración de otro tipo de espectáculos" e "impide, perturba o menoscaba la competencia estatal sobre patrimonio cultural inmaterial".
Francia también judicializó los toros
No solo sufre persecución la tauromaquia en España, basta con viajar al país vecino para comprobar que tampoco tiene muchos amigos la lidia en territorio francófono. En 2012, el Consejo Constitucional francés consideró legales las corridas de toros en el sur de Francia y, en consecuencia, constitucionales. Este asunto fue un debate nacional durante mucho tiempo.
Por último, en enero de 2023, se despachó el último affaire taurino de Francia. La cámara criminal de la Cour de Cassation, máximo órgano judicial francés, rechazó una petición de la Sociedad Protectora de Animales. Esta pretendía hacer evolucionar la noción de la tradición taurina. La justicia alegó para su desestimación que los cambios civilizacionales tienen que ser acompañados por la evolución del derecho.
